En 2025 se registraron 348 asesinatos de oficiales, lo que equivale a un promedio de un policía municipal asesinado cada día. Entre las entidades con mayores niveles de violencia contra policías se encuentran Sinaloa, Guerrero y Guanajuato, destacaron senadores del PVEM.
Ante las condiciones de precariedad que enfrentan las corporaciones policiales, especialmente a nivel municipal, la senadora Jasmine Bugarín Rodríguez presentó una iniciativa para fortalecer y dignificar la carrera policial, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales, salariales y de seguridad social de las y los elementos de seguridad pública en el país.
Bugarín Rodríguez indicó que muchos policías operan con salarios bajos, equipo en mal estado, jornadas extenuantes y sin acceso pleno a seguridad social, lo que provoca que numerosos elementos abandonen la carrera policial en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Esta situación también dificulta la atracción de nuevos perfiles y debilita las capacidades institucionales de seguridad a nivel local.

Comentó que el salario promedio mensual de un policía en México es de seis mil 620 pesos, cifra que representa una reducción del 7 por ciento respecto al periodo anterior, y que contrasta con el salario digno recomendado de 16 mil 688 pesos. Además, trabajan en promedio 59.9 horas semanales, casi 50 por ciento más que la población general.
La senadora también subrayó que ser policía en nuestro país implica enfrentar riesgos extremos.
A ello se suma el llamado “costo oculto” de la profesión, ya que en muchos casos los agentes deben cubrir con sus propios recursos gastos como uniformes, combustible o reparaciones de patrullas.
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Frente a este panorama, la reforma plantea cambios a diversos artículos de la Constitución para establecer derechos laborales específicos para las instituciones policiales. Entre ellos se incluyen el acceso a créditos de vivienda digna, la creación de fideicomisos para financiar prestaciones y seguros de vida, así como la garantía de una carrera policial basada en el mérito y la profesionalización constante.
Además, contempla que las entidades federativas y los municipios constituyan fideicomisos públicos transparentes destinados al financiamiento de la seguridad social y prestaciones complementarias para los cuerpos policiales, con el fin de evitar el uso discrecional de recursos.
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