Decreto para fortalecer transparencia genera polémica; "seguridad nacional debe ser invocada como una excepción justificada"

Políticos, periodistas y analistas cuestionaron el nuevo decreto anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la transparencia del Gobierno de México, pues aseguran que el concepto de “seguridad nacional” se ocupa muchas veces para reservar información, ocultar contratos, obras, decisiones y "cualquier información incómoda para el poder".

La firma se realizó este 4 de agosto, durante la conferencia de prensa de la Presidenta, junto a la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde.

El decreto, de acuerdo a lo expuesto por la Secretaría Anticorrupción y la misma Presidenta de México, busca ampliar la información pública disponible, promete mayor disponibilidad de información, como lo son contratos del gobierno, datos sobre las filiales de Pemex y CFE, auditorías y fiscalización.

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La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes en Palacio Nacional un decreto para fortalecer la transparencia en el Gobierno federal. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Transparencia y rendición de cuentas debe aplicarse a todos: Kenia López

Tras afirmar que no puede haber excesos, abusos ni patrimonios inexplicables de políticos o funcionarios en ningún espacio del poder público, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que la transparencia y la rendición de cuentas debe aplicarse a todos, sin excepción ni privilegios.

Al referirse al decreto sobre transparencia anunciado por la Presidencia de la República, López Rabadán señaló en conferencia de prensa que es indispensable que cada peso utilizado pueda ser rastrado y conocido por la sociedad.

“Contar con una instancia profesional, imparcial e independiente que revise las decisiones sobre la entrega o reserva de información sigue siendo indispensable, especialmente cuando los datos solicitados pueden resultar incómodos o desfavorables para las propias autoridades”, destacó.

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De manera particular, abundó, se debe asegurar que la seguridad nacional sea invocada únicamente como una excepción debidamente fundada y justificada, y nunca se niegue de forma automática la información a los ciudadanos con ese pretexto.

“La regla debe ser abrir la información, porque reservarla, sin lugar a dudas, debe ser una excepción y, por cierto, una excepción que este fundada y totalmente justificada”, reiteró.

La diputada presidenta subrayó que claramente hay una exigencia nacional para combatir la corrupción que lastima al erario y, en consecuencia, a los ciudadanos.

“La opacidad y la falta de transparencia abren espacios terribles a la corrupción, al enriquecimiento ilícito y al abuso del poder”, alertó.

Es importante, dijo, asegurar que la ciudadanía pueda conocer, de manera completa y oportuna, cómo se toman las decisiones públicas y cómo se utilizan los impuestos de los mexicanos.

“Es indispensable que cada peso utilizado pueda ser rastreado y sea conocido cómo, cuándo y en qué se gasta. La rendición de cuentas debe aplicarse a todos, sin excepciones y sin privilegios”, aseveró.

Respecto a la iniciativa que será enviada al Congreso en esta materia, López Rabadán sostuvo que será la oportunidad para analizarla junto con otras presentadas por diversos grupos parlamentarios, y precisar conceptos que limiten la discrecionalidad y garantizar principios como la transparencia y la máxima publicidad.

“De manera particular, debemos asegurar que la seguridad nacional sea invocada únicamente como una excepción debidamente fundada y justificada, y nunca, con el pretexto de ser información de seguridad nacional, pues se niegue de forma automática esa información a los ciudadanos”, concluyó.

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En tanto, Mario Maldonado, periodista y columnista de EL UNIVERSAL escribió que en el sexenio pasado, la figura jurídica de "seguridad nacional" fue utilizada para dejar de proteger exclusivamente operaciones militares, ya que también cubrió contratos de construcción, adquisiciones de materiales, operación de aeropuertos, trenes, hoteles y empresas comerciales.

En su columna titulada "Sheinbaum y el control de la transparencia", también calificó como un "retroceso" la desaparición del INAI en los primeros meses del 2025 ya que, aseguró, "antes una dependencia podía negar información y un órgano autónomo revisaba esa decisión. Ahora, esa función recae en una secretaría que responde al Ejecutivo".

Sandra Romandía, periodista de investigación y cofundadora de Opinión 51 criticó la medida por medio de redes sociales al decir que de los 17 motivos actuales para reservar información, sólo dejaron "el favorito de todos" que es la "seguridad nacional". Asimismo afirmó que sin el ahora extinto INAI, "queda en el limbo quién decide esa clasificación".

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La periodista Xiomara Vargas, conductora de ABC Noticias, aseguró que el anuncio genera cuestionamientos, ya que el argumento de “seguridad nacional” ha sido utilizado en diversas ocasiones para "mantener bajo reserva información de interés público".

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes en Palacio Nacional un decreto para fortalecer la transparencia en el Gobierno federal. Foto: Captura

En redes sociales afirmó que a dichos cuestionamientos se suma que, "tras la desaparición del INAI y los cambios al marco legal, se ampliaron los supuestos para clasificar información como reservada".

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El periodista Jorge García Orozco arremetió de igual manera con el decreto y la figura de "seguridad nacional" al escribir en su cuenta de X que "el problema es que actualmente todo es de seguridad nacional, desde los helicópteros de Armenta hasta la renta del Castillo de Chapultepec por la FIFA…".

Otros de los comentarios que circulan en redes es el de Fernando Belaunzarán, representante de Somos MX ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien ironizó diciendo que la presidenta se comprometió "a cumplir la ley" y cuestionó la falta de información sobre la renta del Castillo de Chapultepec a la FIFA.

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"¿Y entonces por qué no sueltan la información de la renta del Castillo de Chapultepec a la FIFA? ¿Dónde está la seguridad nacional en ese evento?", cuestionó.

Otros de los comentarios que circulan en redes sociales van en el sentido de que será "un reto" hacer que las reglas se cumplan ya que, en los hechos, el concepto de "seguridad nacional" se usa para mantener información fuera del escrutinio público.

MC cuestiona transparencia del gobierno federal

La banca de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado cuestionó el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la transparencia del gobierno federal, al advertir que el nuevo esquema concentra en el Poder Ejecutivo funciones que antes estaban a cargo de órganos autónomos, lo que a su juicio puede debilitar los contrapesos institucionales.

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El coordinador de ese grupo parlamentario, Clemente Castañeda, criticó que el gobierno federal plantee un modelo en el que el propio gobierno sea responsable de garantizar la apertura de la información pública, después de la desaparición de organismos autónomos encargados de vigilar este derecho.

“El gobierno federal de Morena tiene una idea muy peculiar de la transparencia: desaparece el órgano autónomo, concentra las funciones en el Ejecutivo y después pide un voto de confianza diciendo que ahora sí todo será más transparente”, afirmó.

El legislador sostuvo que el acceso a la información no debe depender de la voluntad del poder público, sino de instituciones con independencia y capacidad de supervisión.

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“La transparencia no es una concesión del poder, es un principio constitucional de las personas; por eso son indispensables los contrapesos, las reglas claras y las autoridades independientes”, señaló.

Castañeda advirtió que cuando el Estado concentra la facultad de generar información, administrarla y decidir sobre sus reservas, existe el riesgo de que un derecho ciudadano “termine dependiendo de criterios políticos o administrativos”.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes un decreto con el que busca fortalecer la transparencia gubernamental, ampliar la información pública disponible y establecer criterios más estrictos para reservar documentos oficiales.

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