Colaboración entre Estados no admite presiones: Ignacio Mier; "no basta el señalamiento público" en caso Rubén Rocha, asevera
El presidente de la Jucopo afirmó que México mantiene su disposición para cooperar con EU a partir de solicitudes formales
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, advirtió que la colaboración entre Estados no admite presiones ni actuaciones fuera de los cauces institucionales.
“No basta el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico; se requieren solicitudes formales, debidamente fundadas y acompañadas de elementos de prueba suficientes”, señaló, al fijar su postura sobre las acusaciones de vínculos con el narcotráfico que el gobierno de Estados Unidos formuló contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otras ocho personas.
Afirmó que México mantiene su disposición para cooperar con Estados Unidos y con la comunidad internacional, pero únicamente a partir de solicitudes formales, legalmente sustentadas y dentro del marco jurídico nacional.
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“Fuera de estos cauces, cualquier actuación carece de validez jurídica y es contraria al Estado de derecho”, advirtió,
Mier Velazco señaló categóricamente que en México vivimos en un Estado de derecho, por lo que cualquier solicitud en materia de extradición debe atenderse conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes aplicables y en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, incluyendo el Tratado de Extradición entre ambos países, cumpliendo sin excepción con los requisitos legales, probatorios y procesales establecidos.
“El Senado de la República sostiene que la cooperación internacional debe basarse en la confianza, la legalidad y el respeto mutuo entre Estados, evitando prácticas que vulneren la confidencialidad de los procedimientos o comprometan la integridad de las instituciones.
El presidente de la Jucopo subrayo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el debido proceso, proteger los derechos humanos y respetar las disposiciones constitucionales, incluyendo aquellas relativas a la inmunidad procesal de las personas servidoras públicas.
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