Centro Prodh cuestiona alcance de reforma judicial; advierte que "sin fiscalías fuertes, no hay justicia"
La organización hizo un llamado a priorizar la independencia del Poder Judicial
“Para garantizar la justicia en México, es necesario priorizar la independencia del Poder Judicial, reducir su control político y sobre todo voltear a las fiscalías, las cuales son la verdadera raíz de la impunidad”, advirtió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en medio del debate por una nueva iniciativa para modificar la reforma judicial.
A través de su cuenta en X, la organización señaló que aunque la propuesta publicada recientemente reconoce problemas en el modelo actual —especialmente en torno a la elección de personas juzgadoras, persisten riesgos estructurales que podrían comprometer la autonomía del sistema de justicia.
Destacó que la iniciativa identifica deficiencias en los requisitos para evaluar candidaturas, lo que dificulta garantizar perfiles idóneos, además de advertir sobre los riesgos de realizar elecciones judiciales de manera concurrente con comicios políticos, lo que, subrayó, “politiza” la designación de jueces.
Entre los cambios planteados, se propone reconfigurar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejaría de operar únicamente en Pleno para dividirse en dos secciones similares a las antiguas Salas. También se plantea una integración híbrida, con cinco integrantes de carrera judicial y cuatro perfiles externos, así como un ajuste en el sistema de precedentes para regresar a la jurisprudencia obligatoria por tesis.
Explicó que la iniciativa también busca corregir fallas en los perfiles de quienes integrarían el Poder Judicial. En materia de capacidades, elimina requisitos formales para sustituirlos por certificaciones de competencias a cargo de la Escuela Nacional de Formación Judicial. En cuanto a experiencia, retoma el peso de la carrera judicial y fija años mínimos en el ejercicio jurídico. Sobre independencia, amplía restricciones, como no haber ocupado cargos públicos municipales ni posiciones partidistas en el año previo a la convocatoria.
En el proceso de evaluación y elección, se propone desaparecer los comités de los tres Poderes y crear un Comité Único de Evaluación, además de otorgar mayores responsabilidades al Instituto Nacional Electoral para organizar la elección, con el objetivo de reducir su politización.
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Otro punto relevante es separar las elecciones judiciales de las políticas, planteando aplazar la próxima jornada hasta 2028, una preocupación previamente señalada por la Relatoría de Independencia Judicial de la ONU. Asimismo, se reduciría el número de candidaturas para la Corte y el Tribunal Electoral.
Pese a estos ajustes, el Centro Prodh consideró que la propuesta no corrige todas las deficiencias de la reforma judicial ni elimina los riesgos asociados al modelo de elección de juzgadores, ampliamente cuestionado por su impacto en la independencia judicial.
No obstante, reconoció como positivo que se haya abierto un diálogo público en el Senado y llamó a todas las fuerzas políticas a no evadir una discusión de fondo.
En ese contexto, la organización insistió en que el debate no puede centrarse únicamente en el Poder Judicial, sino que debe atender el papel de las fiscalías, a las que señaló como el núcleo del problema de impunidad en el país.
Centro Prodh exige a Fiscalía de Veracruz aceptar recomendación por tortura contra indígena
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) urgió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a aceptar y cumplir de inmediato la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al advertir que hacerlo es clave para combatir la impunidad y prevenir la repetición de actos de tortura en la entidad.
La exigencia surge tras la Recomendación 17/2026 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, que acreditó que Diego Fernando Bonilla, persona indígena Ñuhü de la Sierra Norte de Veracruz, fue víctima de tortura por parte de la Policía Ministerial.
Los hechos se remontan al 29 de mayo de 2023, cuando Diego Fernando presenció un homicidio en su comunidad, El Pericón, en Texcatepec. Al día siguiente, fue trasladado a la Fiscalía Itinerante de Huayacocotla para rendir su declaración, donde fue torturado con el objetivo de obligarlo a incriminar a otra persona.
De acuerdo con la documentación del caso, el joven se negó a declarar hechos que no presenció y denunció la tortura incluso frente a una intérprete; sin embargo, fue obligado a firmar hojas en blanco que posteriormente fueron utilizadas para fabricar una declaración en su nombre, misma que derivó en la detención de un tercero.
Con el acompañamiento de organizaciones locales y del Centro Prodh, la víctima presentó una queja ante la comisión estatal y también denunció los hechos ante la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura. No obstante, la autoridad cerró la carpeta de investigación en 2025 sin realizar una indagatoria diligente.
En su resolución, la Comisión de Derechos Humanos determinó que Diego Fernando fue privado arbitrariamente de la libertad y sometido a tortura, hechos documentados conforme al Protocolo de Estambul. Además, concluyó que la Fiscalía incumplió su obligación de investigar de manera efectiva.
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La recomendación incluye la reparación integral del daño —con atención médica y psicológica desde una perspectiva intercultural—, la investigación de los policías ministeriales señalados y la adopción de medidas institucionales, como capacitación en derechos de pueblos indígenas.
El Centro Prodh advirtió que este caso refleja un problema estructural. Según el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), Veracruz es la segunda entidad con más investigaciones por este delito, con 2,594 casos entre 2019 y 2025, y la primera en número de víctimas, con 4,813.
Subrayó que la aceptación de la recomendación no sólo permitiría reparar el daño a la víctima, sino también enviar un mensaje claro contra la impunidad, especialmente en casos que afectan a personas indígenas, uno de los grupos más vulnerables frente a la violencia institucional.
Insistió en que la respuesta de la Fiscalía será determinante para demostrar si existe voluntad real de erradicar la tortura y fortalecer el acceso a la justicia en Veracruz.
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