Dos coimputados en la red de huachicol fiscal que, según la FGR, lidera el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tramitaron amparos para echar abajo la prisión preventiva que les dictó la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, por delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Se trata de José Merino Valdés Cuervo, socio mayoritario de la empresa Ingemar, y de Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista de Logística Ferroviaria Fargo, quienes se encuentran recluidos en el penal del Altiplano y en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Nezahualcóyotl Sur, Estado de México, respectivamente.
Ambos recurrieron a la protección de la justicia contra la resolución del domingo pasado, mediante la cual se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Sin embargo, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal, con residencia en el Estado de México, Azucena Lazalde Íñiguez, les negó la suspensión para efectos de que pudieran llevar su proceso penal en libertad.
“Lo procedente es conceder la suspensión provisional, sólo para el efecto de que la persona quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar donde se encuentra interna o haya sido internada, por lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que le corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Sin que esta juzgadora esté en aptitud de conceder la suspensión con efectos distintos a los previstos en la norma”, resolvió la juzgadora en acuerdo publicado este miércoles en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ).
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Para José Merino Valdés Cuervo y Adriana Magali Bárcenas Guillen, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, electa por voto popular, fue omisa al imponerles la prisión preventiva, pues no realizó un control difuso de convencionalidad.
El próximo 28 de julio, la jueza de amparo Azucena Lazalde Íñiguez definirá si concede a Valdés Cuervo y a Bárcenas Guillén la suspensión definitiva. Ambos detenidos están acusados de formar parte de la red más grande de huachicol que supuestamente ha detectado la Fiscalía General de la República (FGR) al momento.
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