Cada día asesinan a 9 mujeres en México con impunidad del 90%: Yasmín Esquivel; pide investigar con perspectiva de género

Al advertir que de 2015 a la fecha más de 37 mil mujeres han sido víctimas de muertes violentas en México, 90 por ciento de las cuales siguen impunes, Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exhortó al Congreso de la Unión a concretar una legislación general que obligue a investigar con perspectiva de género y que incluya la reparación del daño.

En la inauguración de las Mesas de Diálogo para el Análisis y Propuestas de la Ley General para Prevenir Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, organizadas por el Senado, la ministra Esquivel condenó que cada día nueve mujeres mueran por feminicidio o por homicidio doloso.

Destacó que la iniciativa presidencial responde a un compromiso ético, moral y social, y al mandato constitucional de proteger los derechos humanos, “de abatir el delito de feminicidio, de abatir esa impunidad que erosiona el tejido social, deja atrás a las víctimas indirectas, a quienes es necesario voltear a mirar, a esos niños, voltearlos a mirar”.

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Reconoció que han librado múltiples batallas las legisladoras, legisladores, servidoras y servidores públicos, feministas, activistas, “tantas víctimas, para lograr que se tipificara la muerte como feminicidio, para reconocer que la muerte violenta de una mujer no es un homicidio, es una muerte que se requiere una investigación con perspectiva de género”.

Yasmín Esquivel recordó que apenas en 2007 se tipificó el delito de feminicidio en la legislación penal del estado de Guerrero, iniciando el proceso legislativo que duró 10 años para que las entidades de la República pudieran visibilizar este delito.

“Desde entonces, ¿cuántas reformas legales se han dado en materia de violencia feminicida? ¿Cuántos protocolos se han elaborado?, ¿cuántas sentencias se han emitido, sancionando a victimarios y cuántos han quedado impunes?”, cuestionó.

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“Y hoy estamos aquí para dar un gran paso, un paso definitorio, senadoras y senadores, que supere los obstáculos que hasta ahora no han permitido culminar en una legislación creíble, un marco general para para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. (…) Hoy celebro que estemos aquí para fortalecer esta propuesta, llevarla a un buen puerto con la decisión de la voluntad de que no sea letra muerta, que ponga fin a la impunidad, que atienda a la reparación integral del daño de las víctimas”, recalcó.

Especialistas y legisladores coinciden en necesidad de impulsar ley contra feminicidio

Con la ausencia de funcionarios federales y capitalinos que habían sido invitados, este martes se llevaron a cabo en instalaciones del Senado las Mesas de Diálogo para el Análisis y Propuestas de la Ley General para Prevenir Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

Durante el foro, especialistas, legisladoras, fiscalías, organizaciones civiles y organismos internacionales coincidieron en que el principal reto no es únicamente endurecer las penas, sino garantizar investigaciones eficaces, coordinación institucional y capacidad para prevenir la violencia antes de que llegue al extremo del feminicidio.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, explicó que la iniciativa busca establecer un tipo penal sólido y criterios comunes para la actuación de las fiscalías, además de protocolos nacionales homologados y capacitación especializada para ministerios públicos, policías y personal pericial.

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Uno de los puntos centrales de la propuesta es que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, hasta que las evidencias permitan confirmar o descartar jurídicamente esa clasificación. Esta medida retoma criterios establecidos por la Suprema Corte a partir de casos como el de Mariana Lima Buendía.

Dijo que la iniciativa contempla la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio, con el propósito de garantizarles atención integral y acceso prioritario a salud, educación y programas sociales.

Gómez Saracibar señaló además que la propuesta reconoce a la familia social y contempla responsabilidad de personas morales cuando faciliten o incluso promuevan condiciones que contribuyan a la comisión de feminicidios.

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Representante de la Fiscalía General de la República, Maribel Borjorges Beltrán sostuvo que el feminicidio representa la expresión extrema de una violencia estructural que frecuentemente está precedida por amenazas, agresiones, discriminación, relaciones de poder y omisiones institucionales.

Por ello, planteó que la responsabilidad del Estado debe comenzar antes del asesinato, mediante prevención, detección de riesgos y protección oportuna de las víctimas.

En contraste con la idea de que una respuesta más severa necesariamente implica mejores resultados, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pidió revisar cuidadosamente el énfasis en el incremento de penas.

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Gema Chávez Durán, coordinadora general de Investigación de Delitos de Feminicidio de esa institución, informó que durante 2025 y lo que va de 2026 la Fiscalía capitalina alcanzó una tasa acumulada de judicialización de feminicidios de 95.6 por ciento: 95 por ciento en 2025 y 96 por ciento en lo que va de este año.

A partir de esa experiencia, sostuvo que la solidez de las investigaciones y la posibilidad efectiva de obtener una sanción pueden ser más determinantes que el simple aumento de las penas. También llamó a garantizar recursos suficientes para aplicar la nueva ley, pues implicaría crear fiscalías especializadas, registros, protocolos, capacitación y nuevas obligaciones institucionales.

Entre los ausentes en este evento destacaron el ministro Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Ernestina Godoy, fiscal general de la República; Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, y Bertha María Alcalde, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México.

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