Bajo Tellaeche, CIDE dio 42% de plazas docentes a la burocracia; ASF exhibe baja en metas educativas
José Roldán Xopa, Secretario General del Sindicato del CIDE, aseguró que la situación se mantuvo al menos hasta 2025
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), bajo la gestión de José Antonio Romero Tellaeche, asignó el 42% de plazas que debían ser para profesores a personal administrativo, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la última inspección de desempeño a esta institución, realizada en 2023. En entrevista, José Roldán Xopa, Secretario General del Sindicato del CIDE, asegura que la situación se mantuvo al menos hasta 2025.
Además de las plazas docentes asignadas a tareas burocráticas, el ente auditor encontró un desplome en la producción de investigaciones científicas de hasta un 92%.
De acuerdo con la auditoría de desempeño 2023-2-3890M-07-0043-2024, emitida por la ASF en 2023, “de las 176 plazas asignadas a profesores, 75 se usaron para desempeñar actividades administrativas”. Al respecto, Roldán Xopa explica que las plazas académicas se usaron en tareas distintas bajo el argumento de que no habían sido autorizadas plazas administrativas.
Según los catálogos y tabuladores de sueldos y salarios “del personal docente y/o de investigación” y “para el personal administrativo y de apoyo de confianza” emitidos el 1º de febrero de 2024 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un profesor investigador titular "C" en el CIDE, el nivel más alto en la escala académica, percibe un sueldo bruto base de 45 mil 504 pesos y un técnico auxiliar "A", gana 11 mil 110 pesos.
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En contraste, un delegado administrativo, que ocupa el cargo de mayor jerarquía en el área burocrática, recibe un sueldo base de 23 mil 49 pesos, mientras que un archivista administrativo, 7 mil 253 pesos. Sin embargo, Roldán aclara que cada contratación es distinta y no se sabe con certeza quién percibe más sueldo.
Ante la observación de la ASF, la Dirección de Recursos Humanos del CIDE presentó en enero de 2025 una propuesta para solicitar plazas de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, dividida en tres etapas: “la documentación y análisis de las plazas existentes, el diseño de posibles escenarios para un cambio de estructura y las gestiones necesarias ante la Administración Pública Federal”. Con la presentación de este diagnóstico, la ASF consideró solventada su observación.
Hubo sesgo político en las contrataciones
La doctora en derecho, Catalina Pérez Correa, ex profesora-investigadora del CIDE asegura en entrevista que la administración de Romero Tellaeche “violó reiteradamente la normatividad interna para realizar contrataciones mediante designaciones directas”. El objetivo era evadir los canales institucionales diseñados para garantizar la excelencia académica y la trayectoria en investigación de los nuevos ingresos.
La abogada advierte que “se privilegiaron perfiles con afiliación política al partido oficialista por encima de las credenciales científicas”. Como ejemplo, menciona contrataciones en la sede de Aguascalientes de personas cuyo currículum destacaba su labor afiliando militantes para Morena.
Desplome en investigación, disminución de casi el 90% de publicaciones
Entre otras observaciones por el ente auditor, también se encontró una baja en la producción de investigaciones. Mientras que en 2018 la institución desarrollaba 134 proyectos de investigación y programas de educación continua con recursos externos y del Conahcyt, para 2023 la cifra se redujo a solo 16.
Lo mismo ocurrió con respecto a los proyectos de investigación científica, los cuales pasaron de 82 a apenas 6 en el mismo periodo, lo que representa una disminución del 92%. También se dio un descenso en los productos de investigación (artículos, capítulos de libros, y documentos de trabajo), de 447 a 224. Mientras que los programas de educación continua se redujeron, al pasar de 52 en 2018, a 10, en 2023.
La institución justificó este descenso ante el ASF señalando la “extinción del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIDE en diciembre de 2021”. El 6 de noviembre de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Diario Oficial de la Federación, publicó el decreto en el cual argumentó que el gobierno federal requería los fondos de los fideicomisos para atender los requerimientos derivados de la pandemia por Covid-19.
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Según la auditoría, la institución se quedó sin reglas de operación para administrar recursos de terceros ni políticas para usar ingresos autogenerados, lo que bloqueó su capacidad de captar financiamiento externo. La observación de la ASF quedó solventada luego de que se acreditara el Plan de Trabajo de 2025, el cual busca elaborar un diagnóstico para establecer estrategias que impulsen el número de proyectos de investigación.
Catalina Pérez puntualiza que los fideicomisos “se presentaron de forma engañosa como constituidos únicamente con recursos públicos, cuando en realidad se integraban con fondos privados gestionados por los mismos académicos ante fundaciones extranjeras y mexicanas”.
No obstante, la investigadora señala que la desaparición de estos fondos “eliminó la posibilidad de mejorar el equipamiento de la institución, otorgar becas a estudiantes y dar continuidad a proyectos de largo aliento que ya estaban en marcha”.
El costo humano de la gestión: despidos, censura y fuga de talento
Para José Roldán Xopa, la baja producción de proyectos de investigación científica no se explica únicamente por la falta de fondos, sino por un "clima adverso" que ha provocado una salida constante de académicos. “Durante la última revisión contractual del sindicato, se contabilizaron 20 vacantes, lo que representa cerca del 10% de la planta docente total”, resalta.
El secretario general del SIPACIDE califica esta pérdida de personal como “una hemorragia que persiste y no logra cicatrizar”. Según Roldán, las renuncias y despidos fueron constantes debido al desacuerdo con la gestión de Romero Tellaeche, la falta de recursos para prestaciones de los profesores y la eliminación de las Cátedras Conahcyt.
Catalina Pérez, era colaboradora del Programa de Política de Drogas del CIDE (PPD), el cual cerró en la gestión de Tellaeche. La abogada relata que la mayoría de los investigadores del programa pertenecían a Cátedras Conahcyt y fueron expulsados mediante una petición directa del exdirector, bajo el argumento de que “sus líneas de investigación no eran compatibles con los intereses del Centro ni con las prioridades del país”.
Entre los especialistas desplazados se encontraban perfiles que estudiaban temas de urgencia nacional, como el tráfico de fentanilo, la violencia analizada como una epidemia y el impacto del sistema de justicia en mujeres usuarias de sustancias bajo enfoques de reducción de daños.
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Reconstruir el CIDE: los retos de Lucero Ibarra
Para José Roldán Xopa, la llegada de la Dra. Lucero Ibarra permite reconducir la vida institucional bajo condiciones más razonables, pues no solo es una figura respetada internamente, sino que “su experiencia como exdirectora de la División de Estudios Jurídicos le permite conocer las necesidades académicas y administrativas del Centro”.
Roldán sostiene que la recuperación del CIDE requiere tres ejes urgentes: devolver las plazas académicas a su función original, eliminar la contratación por honorarios y retomar concursos de oposición abiertos. “Es imperativo que el método de selección privilegie el mérito y la pluralidad ideológica sobre afinidades políticas”, asevera.
Por su parte, la jurista Catalina Pérez si bien, por un lado, celebra el cambio de directores, por otro enfatiza la necesidad de una reforma estructural que dote al CIDE de una independencia similar a la de El Colegio de México (Colmex), para blindar a la institución de futuras imposiciones de directivos externos con agendas políticas ajenas a la vida académica.
Del mismo modo, Pérez advierte que la destitución de Romero Tellaeche no es suficiente. “Debe existir un proceso formal de rendición de cuentas para investigar el destino de los recursos, el manejo de las plazas y las razones detrás de los despidos”, subraya. Para la académica, volver a la normalidad institucional exige transparencia sobre lo que ocurrió durante los últimos cinco años para que el exdirector se responsabilice por sus decisiones.
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