Bajan 60% las quejas por negar datos de la Federación

A un año del inicio de labores de Transparencia para el Pueblo, ha recibido 60% menos recursos de revisión de los que obtuvo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en los últimos 12 meses de operación.

Los mecanismos legales de defensa ciudadana que permiten impugnar respuestas insatisfactorias o la falta de ellas por parte de sujetos obligados pasaron de 15 mil 163 en 2024 con el Inai a 5 mil 991 en el primer año de operaciones del nuevo modelo de transparencia, en ambos casos sólo recursos contra el Poder Ejecutivo.

A lo anterior se suma el incumplimiento de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues a un año de su publicación sólo 18 estados han armonizado su marco normativo, y aunque la Secretaría Anticorrupción argumentó en un comunicado que lo anterior “refleja un avance significativo en la construcción de un modelo basado en la colaboración y la corresponsabilidad”, la realidad es que 14 estados han hecho caso omiso y, por lo tanto, han violado la ley.

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En lo que respecta a los recursos de revisión, Transparencia para el Pueblo detalló que de los 5 mil 991 medios de impugnación presentados en el año 2025 “en 49% de los casos la resolución instruyó un cambio en la respuesta inicial otorgada y en 25% la institución corrigió su respuesta en el proceso”.

De acuerdo con cifras oficiales, el año inmediato anterior el Inai atendió 15 mil 163 recursos en 2024, solamente contra el Poder Ejecutivo, pues en total atendió 53 mil 233 recursos.

El extinto Inai atendía recursos en contra de toda la administración pública federal, estados, municipios, poderes de Estado y órganos autónomos, en tanto que Transparencia para el Pueblo es la autoridad garante únicamente del Poder Ejecutivo, por lo que atiende recursos contra las secretarías de Estado y empresas del Estado.

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Actualmente, los Poderes Legislativo y Judicial, el INE, el Tribunal Electoral y la CNDH, entre otros, tienen su propia autoridad garante, aunque las cifras no han sido transparentadas.

En el comparativo de los recursos ingresados a ambos órganos, sólo contra el Poder Ejecutivo Transparencia para el Pueblo recibió 60% menos que el Inai.

Para las expertas en transparencia y rendición de cuentas, la reducción en el número de recursos al Poder Ejecutivo se debe a que la ciudadanía ha encontrado más difícil hacer solicitudes de acceso a la información.

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“Creo que lo que está sucediendo es que la gente ha encontrado más difícil hacer solicitudes de acceso a la información. Sí ha calado en la gente la concepción de que al desaparecer el Inai nuestro derecho de acceso a la información quedó desprotegido. No obstante, sigue existiendo la posibilidad de pedir información, pero hay un rompimiento de la autoridad en términos de criterios y en términos de cómo se procesan las solicitudes, y eso ha provocado que la gente considere que es más complicado, que es más difícil tener acceso a la información y que en muchos casos pues ni siquiera vale la pena el esfuerzo”, explicó la excomisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), María Marván Laborde.

La también exconsejera del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) sostuvo que la nueva autoridad garante ha privilegiado el ahorro de recursos por la simplicidad en la manera de ejercer el derecho a la información.

“Sí se están ahorrando recursos, pero ahora la gente lo que ve es que es mucho más complicado pedir información, que hay que tratar con diferentes autoridades y las diferentes autoridades garantes van teniendo criterios distintos en la manera de resolver los recursos, y eso desanima a la gente a ejercer su derecho”, insistió.

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Por su parte, la excomisionada del Inai Norma Julieta del Río sostuvo que en su primer año de funciones Transparencia para el Pueblo no ha podido superar lo que antes se hacía en el Inai.

“No han podido superar lo que hacíamos, y es algo que va más allá de números. Por ejemplo, hace unos días vimos cómo ciudadanos solicitaron información sobre denuncias que existieran de algunos servidores públicos en la Secretaría de Educación Pública y estos la negaron, la reservaron y la Secretaría Anticorrupción o Transparencia para el Pueblo les dio la razón. En el Inai hacíamos el equilibrio entre el de derecho a saber y la protección de datos personales. En casos de alto impacto, particularmente aquellos relacionados con presuntos actos de corrupción, el criterio fue claro: la transparencia debía prevalecer sobre la opacidad, y bajo este principio resolvimos casos emblemáticos como Odebrecht, Segalmex, Estafa Maestra, Ayotzinapa, Tren Maya”, expresó.

Agregó que la reducción en el número de recursos resueltos deriva de la reducción de solicitudes al Poder Ejecutivo, “y eso ocurre por la desconfianza del ciudadano. Si de por sí en los estados ya batallan para saber a dónde acudir ante la ausencia de órganos desconcentrados, ahora con el órgano desconcentrado nacional y con la Secretaría Anticorrupción al momento de darle la razón, por sólo citar el caso de la Secretaría de Educación, pues deja sin ánimos a los ciudadanos”.

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Finalmente, Marván Laborde se pronunció con respecto de las entidades federativas que no han armonizado su marco normativo. Recordó que el plazo fatal permitido ya caducó, por lo que 14 estados están en incumplimiento.

Consideró que se trata de una suerte de “resistencia” por parte de las autoridades locales.

“El problema es que cuando queremos, a través de la Constitución, violar el federalismo legislativo e instruirles a los estados que legislen de una manera determinada con independencia de lo que piense su Congreso, pues hay formas de resistencia, y lo que estamos viendo es una forma de resistencia. Si nosotros revisamos la cantidad de violaciones que hay a la Constitución en sus artículos transitorios vamos a ver que desde hace muchos años hay una disposición de los estados, de los municipios, inclusive del propio Poder Legislativo, de violar las disposiciones o las órdenes que se les da a través de los artículos transitorios. Esto no es una novedad; no debería de suceder, pero cuando tenemos procesos legislativos verticales que imponen obligaciones a los estados sin consultarlos estas son las consecuencias”, concluyó.

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