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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes, uno para modificar la fecha de la segunda elección judicial y trasladarla al 2028, y otro con la finalidad de incluir una nueva causal de nulidad de elecciones, cuando se compruebe intervención extranjera.
El dictamen para evitar que se empalme la elección concurrente con la judicial fue aprobado por 29 a favor de Morena, PVEM y PT, y 11 en contra del PAN, PRI y MC.
Durante la discusión, el diputado priísta Erubiel Alonso señaló que la modificación a la reforma judicial tendrá un costo de alrededor de 15 mil millones de pesos más, que podrían haberse usado con la intención de atender otros rubros.
“Esta situación de lo que estamos viviendo, de mandar a 2028 la elección, simplemente nos va a costar unos 10 mil, 15 mil millones de pesos más que podemos utilizar para los hospitales, para las clínicas, para las universidades, para las carreteras, para el campo, para la mecanización, del dinero que le están robando a los jubilados, de ese porcentaje que le están quitando a esa gente que trabajó durante toda una vida al servicio del Estado mexicano”, dijo.
Por su parte, el legislador panista Fernando Torres Graciano desestimó la iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y afirmó que no es la reforma que necesita el Poder Judicial para fortalecer su labor. Como fortalecimiento de la carrera judicial y de los criterios para el mérito, “que garantiza la plena independencia del Poder Judicial y la cero intervención electoral partidista”.
“No se ocupa sólo de cambios de fecha, se ocupa un cambio estructural profundo que evite que tengamos una (Suprema) Corte de chocolate elegida por acordeones, que vaya a revisar la actuación del Tribunal de Disciplina, que se ha convertido en un órgano de presión para los jueces y magistrados”, expresó.
Causal de nulidad de elecciones
El segundo dictamen, con el objetivo de incluir la intervención extranjera como causal de nulidad de una elección, se aprobó por 28 voto a favor, nueve en contra y dos abstenciones.
La diputada emecista Irías Reyes señaló que Morena y el régimen proponen esta reforma, como resultado de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y ex funcionarios de dicha entidad, para protegerlos.
“La reforma queda incompleta porque deja algo fuera, que es la amenaza interna más grave que tiene el país, es decir, la intervención del crimen organizado, y es una pena que el gobierno se dedique a desestimar investigaciones internacionales para proteger a sus propios funcionarios metidos hasta el tronco con el narco, y ahora hasta les haga una reforma para anular elecciones si tienen críticas, estudios, opiniones que vengan desde el extranjero, que lamentable”, dijo.
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dft/bmc
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