Anticorrupción inhabilita dos empresas proveedoras del gobierno por información falsa; impone multa por más de 600 mil pesos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que inhabilitó a las empresas Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios, S.A. de C.V. y Atv de Sahuayo, S.A. de C.V., para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal e impuso sanciones económicas de más de 600 mil pesos.

A través de un comunicado, explicó que el Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social sancionó a la empresa Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios con una multa de 643 mil 188 pesos e inhabilitación de 1 año, debido a que proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-50-GYR-050GYR022-N-19-2024.

Detalló que dicha licitación contemplaba la contratación del "Suministro de Víveres con Entrega y Distribución en Unidades Médicas Hospitalarias, para el Régimen Ordinario y Programa IMSS Bienestar", consistente en tres contratos de compra-venta con los que pretendió acreditar que contaba con la experiencia y especialidad requerida, cuya notificación de la sanción se realizó el 18 de junio de este año.

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Por otra parte, precisó que el OIC en el Servicio Postal Mexicano impuso una multa de 171 mil 972 pesos e inhabilitación de tres meses a la empresa Atv de Sahuayo, porque actuó con mala fe al participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica número LA-55-J9E-055J9E001-1-26-2025, para la adquisición de "Cascos de Protección para Motociclista", toda vez que adjuntó documentación e información sin cerciorarse de su veracidad y autenticidad, cuya notificación de la sanción se realizó el pasado 29 de junio de 2026.

Adicionalmente, indicó que las sanciones referidas aparecen hoy publicadas en el Diario Oficial de la Federación y las empresas se encuentran inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el gobierno de México.

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En ese sentido, sostuvo que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta y resaltó que las personas morales tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas y, en dado el caso, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.

La dependencia destacó que con estas acciones refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas, “porque engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”.

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