La organización Amnistía Internacional advirtió que México enfrenta una oportunidad “histórica” para atender la crisis de desapariciones, pero también riesgos graves por la militarización de la seguridad y el uso discrecional de la fuerza, al presentar este día su Informe Anual 2025, junto con el balance del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, titulado "Promesas en marcha, derechos en riesgo".
En voz de su directora ejecutiva en el país, Edith Olivares Ferreto, la organización pidió que el Estado mexicano aproveche el respaldo internacional y corrija el rumbo en materia de derechos humanos.
“Hoy en día estamos frente a una oportunidad histórica para que el Estado mexicano cuente con cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación de las desapariciones forzadas”, señaló.

Olivares subrayó que la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU abre la puerta a un mecanismo internacional de apoyo: “Repito: esta solicitud es una oportunidad histórica para el Estado mexicano pero, sobre todo, una vía de esperanza para las cientos de miles de personas que están buscando a sus familiares desaparecidos”.
Sin embargo, criticó la reacción de algunas autoridades: “Sorprende que algunas autoridades hayan reaccionado de manera negativa en lugar de asumir que la colaboración de mecanismos internacionales abre posibilidades concretas para fortalecer las capacidades institucionales”.
En su diagnóstico, contenido tanto en el Informe Anual 2025 como en "Promesas en marcha, derechos en riesgo", la organización alertó que la estrategia de seguridad basada en fuerzas armadas implica riesgos para la población civil, por lo que planteó un viraje de fondo. Entre sus recomendaciones destaca reformar el marco legal para retirar gradualmente a militares de tareas de seguridad pública y establecer, incluso a nivel constitucional, que no participen en labores de seguridad ciudadana.
También urgió modificar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza para acotar con claridad la actuación de las autoridades. En particular, pidió “delimitar claramente el uso de la fuerza letal, además de que limite y especifique los tipos de armamento permitido y sus usos”, así como garantizar el derecho a la protesta pacífica.
La directora de Amnistía insistió en que la crisis de desapariciones sigue sin respuesta suficiente del Estado. “Ante la crisis estructural de la desaparición de personas, hacemos un llamado respetuoso a la presidenta Claudia Sheinbaum para que atienda la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU”, dijo.
Añadió que la colaboración internacional “puede facilitar contribuciones fundamentales para el abordaje de ese tema… Estos apoyos son fundamentales para trazar el camino que eventualmente lleve justicia a las familias de las personas desaparecidas”.
El informe también documenta que la mayoría de las búsquedas recaen en familiares, principalmente mujeres, que enfrentan riesgos graves. “Sólo en 2025, se reportó el asesinato de, al menos, siete personas buscadoras”, advirtió.
Finalmente, Edith Olivares Ferreto señaló que, aunque el actual gobierno recibió un país con una crisis profunda, algunas decisiones podrían agravarla: “Advertimos también que algunas medidas que ha adoptado podrían afectar aún más esa delicada situación”.
Amnistía Internacional concluyó con un paquete de recomendaciones que incluyen combatir la impunidad, proteger a personas defensoras y periodistas, y reconocer plenamente la magnitud de la crisis de derechos humanos en México.
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