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Nueva York.— El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados, señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación, en la que afirma que los funcionarios presuntamente conspiraron “con líderes del Cártel de Sinaloa” para “importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos”.
La acusación incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que se recibieron solicitudes de extradición de los acusados —que está evaluando la Fiscalía General de la República (FGR)—, a la vez que adelantó que se enviará una “nota de extrañamiento” a la Embajada de Estados Unidos por haber violado la “confidencialidad de la información”.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que los acusados han desempeñado un papel fundamental a la hora de ayudar al Cártel de Sinaloa, que Estados Unidos clasificó como organización terrorista extranjera, al introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.
En concreto, a los implicados se les acusa de alinearse con la facción del grupo dirigida por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos, y recibir a cambio “millones de dólares” del cártel.
El fiscal federal Jay Clayton afirmó que el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones del narcotráfico “no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos”.
La acusación “pone de manifiesto un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en peligro la vida de los estadounidenses”, afirmó Terrance Cole, director de la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés). Los funcionarios acusados “aprovecharon sus cargos de confianza para proteger las operaciones de los cárteles, facilitando así el tráfico de drogas letales hacia nuestro país”.
Tras advertir que “nadie está por encima de la ley”, Cole agradeció “a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad cada día y se unen a nosotros para salvaguardar nuestras comunidades. Juntos, seguiremos ejerciendo una presión sostenida contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo apoyan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”.
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En el documento se señala que los acusados “han desempeñado diversas funciones esenciales para el cártel: entre otras cosas, presuntamente han protegido a los líderes de investigaciones, detenciones y enjuiciamientos; han facilitado que se proporcionara información sensible de las fuerzas del orden y del Ejército a miembros del cártel, y a narcotraficantes aliados, para ayudar en las actividades delictivas” de la organización criminal.
Advierte que algunos funcionarios de la policía, incluyendo a ciertos acusados, han participado directamente en los actos de violencia y represalias del cártel, entre otros, asesinando a enemigos del cártel y secuestrando en México a personas sospechosas de cooperar con las fuerzas del orden estadounidenses en esta investigación. Es el caso particular de Millán, señalado en la acusación por el secuestro de Alexander Meza León, quien trabajaba con la DEA.
Sin elementos de prueba: SRE
Luego de que se hiciera pública la acusación, la Cancillería, a cargo del secretario Roberto Velasco, informó a través de un comunicado que, de acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se turnó la información recibida a la FGR para que se evalúen las solicitudes de extradición —recibidas el martes— conforme a la legislación mexicana.
Resaltó que “los documentos que fueron recibidos [por] parte de la Embajada de Estados Unidos... no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.
Sin embargo, añadió que será la FGR la que “determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”.
Al mismo tiempo, lamentó que se haya hecho pública la información, destacando que en los tratados vigentes hay “provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información”, por lo que se enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer.
Embajada defiende rendición de cuentas
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, defendió la necesidad de “rendición de cuentas”.
En un comunicado, dijo que “tomó nota” de la presentación de cargos penales contra Rocha Moya y los demás acusados mexicanos, y subrayó que “combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida por Estados Unidos y México”.
Aseguró que “la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de Estados Unidos… Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho. Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren”.
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