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Washington. La principal responsable de seguridad nacional de Estados Unidos enfrentó duras críticas en el Congreso por la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.
El presidente republicano había prometido deportar a millones de migrantes indocumentados, y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, es quien ejecuta esa política.
Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin acusó a Noem de conducir un DHS "sin brújula moral ni respeto por el estado de derecho".
Los agentes han sembrado el "caos" en varias ciudades deteniendo a ciudadanos "por el color de su piel, su acento y su idioma".
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La jefa del DHS compareció ante el Congreso por primera vez desde que agentes federales mataran a tiros a Renee Good y Alex Pretti en enero durante protestas contra las redadas.
Durbin le reprochó a Noem haber vertido "acusaciones infundadas de terrorismo" contra Good y Pretti.
La secretaria expresó condolencias a sus familias, negó haberlos llamado "terroristas" y afirmó que solo señaló que lo ocurrido "parecía ser" un incidente de ese tipo.
Noem defendió la política migratoria del gobierno. Aseguró que las detenciones en la frontera cayeron a mínimos desde que se tiene registro y que casi tres millones de indocumentados fueron expulsados del país.
Sostuvo que el DHS ha logrado "resultados históricos" y aumentado la seguridad desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero del año pasado.
El senador demócrata Chris Coons acusó al DHS de actuar de manera inconstitucional en un intento por cumplir con las exigencias de la Casa Blanca de aumentar el número de deportados.
Afirmó que por esa presión existen "patrullas itinerantes que elaboran perfiles raciales", exigen documentos sin causa y realizan operativos "en iglesias, hospitales y escuelas, arrestando incluso a niños, ancianos, refugiados y personas con discapacidad".
La mayoría de los senadores republicanos expresaron su apoyo a Noem, pero dos se mostraron críticos: John Kennedy, de Louisiana, y Thom Tillis, de Carolina del Norte.
Tillis acusó que el mandato de Noem ha sido un "desastre". Prometió bloquear a los candidatos de la administración y paralizar la actividad del Senado hasta que Noem respondiera a sus preguntas y abordara las preocupaciones sobre el bloqueo de las investigaciones internas.
Otro momento tenso se produjo cuando el senador Cory Booker, demócrata por Nueva Jersey, criticó a Noem y dijo debería dimitir o ser destituida de su cargo.
"Usted está violando la separación de poderes, violando órdenes judiciales y violando sistemáticamente los derechos civiles de los estadounidenses", señaló el senador. "Esta es una agencia imprudente y fuera de control de la que usted es responsable".
Afirmó que las políticas migratorias se han vuelto "abrumadoramente impopulares" porque el gobierno "está entrando en nuestras escuelas, está aterrorizando a nuestros hijos, está deteniendo a niños, está arrestando a estadounidenses, está irrumpiendo en nuestros hogares, está aterrorizando nuestras calles, está violando nuestros derechos a protestar pacíficamente una y otra y otra vez.
Noem respondió que "nada de eso es cierto" y acusó a los demócratas de tratar "de impedir que hagamos cumplir la ley y saquemos a los delincuentes peligrosos de nuestras calles".
"Debería dimitir de su cargo", insistió Booker. "Si no lo hace, el presidente debería destituirla y, si no, el Congreso debería someterla a un juicio político".
Noem pidió al Congreso alcanzar un acuerdo para poner fin al cierre parcial de su departamento para falta de financiación. Miles de empleados públicos -incluidos trabajadores de seguridad aeroportuaria y socorristas en caso de desastres- están suspendidos o trabajando sin cobrar hasta que se aprueben nuevos fondos.
Los legisladores demócratas se niegan a asignar recursos al DHS sin cambios profundos en la actuación la actuación de la policía de inmigración (ICE). Exigen restringir las patrullas, prohibir a los agentes el uso de máscaras faciales y requerir órdenes judiciales antes de ingresar a propiedades privadas.
mcc
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