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Carreteras, escuelas y muchos negocios en la región de Cataluña quedaron cerrados el martes mientras miles de trabajadores y estudiantes se sumaron a una protesta por el uso de la fuerza policial durante la realización de un referendo independentista considerado ilegal por el gobierno español. El operativo policial del domingo dejó cientos de heridos.
En la capital regional, Barcelona , donde se interrumpieron los servicios de metro y autobús, turistas desorientados trataban de hallar cafeterías abiertas para evitar las protestas.
Hubo momentos de tensión cuando un puñado de manifestantes obligaron a algunos negocios a cerrar sus puertas en la turística zona de Las Ramblas, pero en otras partes las manifestaciones fueron bastantes pacíficas.
Varios sindicatos y organizaciones proindependentistas convocaron a paros parciales o de un día en toda la región mientras los políticos catalanes ponderan una posible declaración de independencia unilateral dos días después del referendo.
“La gente tiene rabia, mucha rabia", dijo Josep Llavina, trabajador autónomo de 53 años y que viajó a la capital catalana desde una localidad cercana para participar en la protesta afuera de la sede de la Policía Nacional en Barcelona.
Esta sede fue el foco central de los protestantes, que sumaron miles a mediodía y gritaron consignas calificando a la policía española de "fuerza de ocupación". También pidieron la renuncia del presidente del gobierno Mariano Rajoy.
"Han traído la violencia con ellos. Han atacado a gente que tenían las manos abiertas y arriba. ¿Cómo no podemos tener rabia en esta situación?", agregó Llavina.
Funcionarios catalanes dicen que el 90% de los 2,3 millones de personas que votaron el domingo lo hicieron en favor de la independencia. Pero menos de la mitad de los aptos para votar salieron a hacerlo. La votación fue boicoteada por la mayoría de los partidos nacionales, que argumentaron que era ilegal y carecía de las garantías básicas, como transparencia, un censo adecuado o una entidad electoral pública independiente.
El gobierno central en Madrid acusa a los políticos catalanes y organizaciones independentistas por la violencia, diciendo que ellos "conspiraron para quebrantar la ley" y convocaron a los ciudadanos a una votación ilegal.
“Nada de esto hubiera pasado si el gobierno (catalán) no se hubiera declarado en rebeldía contra la ley, ignorando las órdenes de las cortes y mintiendo y engañando a la gente”, dijo el martes el delegado del gobierno español en Cataluña Enric Millo.
El presidente catalán Carles Puigdemont ha declarado la votación válida y anunció que presentará los resultados finales esta semana ante el Parlamento regional, lo cual podría dar paso al proceso para separarse de España.
Madrid ha dicho que responderá con "todas las medidas necesarias" para contrarrestar tal acción, y está teniendo conversaciones con dirigentes nacionales de oposición para hallar un consenso multipartidista.
El paro en Cataluña no contaba con el apoyo de los dos principales sindicatos del país, UGT y CCOO, que pidió a los trabajadores que decidieran personalmente si es que dejan de trabajar o no en protesta de la violencia policial, pero no en apoyo de la secesión.
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