Presidente de la CIDH señala trabajo forzoso en misiones médicas cubanas; alerta por posibles casos de trata de personas

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Stuardo Ralón, afirmó este martes en una entrevista con la AFP que existen elementos para calificar como trabajo forzoso y trata de personas varias prácticas llevadas a cabo en las misiones médicas internacionales cubanas.

En un informe publicado el mismo día, la CIDH denunció graves violaciones de derechos humanos en dichos programas, como retenciones salariales a los participantes, amenazas de penas de prisión de hasta ocho años para quienes las abandonen o confiscación de pasaportes.

Esas prácticas contienen "elementos conectores" para decir que aquí hay trabajo forzoso, que aquí hay trata de personas", dijo Ralón.

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"Es una situación de indefensión dramática que desconoce el concepto de trabajo y trato dignos, como si (los participantes) fueran tratados de manera totalmente abusiva, obligados a seguir reglas, convertidos en entes que no tienen el mínimo inherente a toda persona", añadió.

Las misiones médicas, creadas en los años 1960 por el gobierno de Fidel Castro con un propósito de solidaridad y promoción en el extranjero, tomaron un giro más lucrativo a partir de los años 1990 y son hoy la principal fuente de divisas de la isla, indicó la CIDH en su documento.

Para Ralón, aunque el principal responsable de esta situación sea Cuba, los países que reciben a los profesionales sanitarios también tienen responsabilidades.

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"El Estado receptor no puede decir: como es un convenio, me desentiendo de verificar el respeto de los derechos humanos, dijo.

El también relator para Cuba de la CIDH explicó que los abusos documentados tienden a agravarse en países donde existen menores garantías institucionales y restricciones a los derechos fundamentales.

Según él, varios profesionales entrevistados contaron que en Estados con regímenes autoritarios no solo carecían de mecanismos de protección frente a Cuba, sino también en el país receptor.

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Ralón indicó que, desde el inicio de la elaboración del informe, tres o cuatro países de América Latina han decidido dejar de recurrir a las misiones cubanas, entre ellos Guatemala y El Salvador.

Según él, las prácticas denunciadas en el informe se enmarcan en un contexto de ausencia de derechos en Cuba.

"El aspecto medular es que (en la isla) no hay libertades básicas, y eso genera las condiciones de violaciones sistemáticas", sostuvo.

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Ante un Gobierno cubano que no coopera con los mecanismos interamericanos, Ralón afirmó que el informe busca al menos mantener viva la agenda sobre la isla y dar voz a quienes defienden los derechos humanos dentro y fuera de ella.

"Como a lo interno no se puede, pues que esas voces generen una incidencia en tomadores de decisiones para permitir el funcionamiento de los mecanismos del derecho internacional y una transición democrática", dijo.

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