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Quito. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción en siete provincias del país "por grave conmoción interna", mientras se registran bloqueos en algunas vías, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y a la inseguridad.
La medida rige por 70 días para las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Desde el lunes se han registrado protestas parciales en Pichincha, Carchi, Azuay e Imbabura, mientras este martes hay bloqueos en el norte de Pichincha y en vías de Carchi, fronteriza con Colombia, en tanto que a Cotopaxi se ha trasladado de forma temporal la sede del Ejecutivo y a Imbabura la de la Vicepresidencia.
La declaratoria se da en momentos en que se evidencian "paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas", señala el decreto suscrito por Noboa.
Pese a estado de excepción puede haber manifestaciones pacíficas
La medida busca "detener la radicalización de las medidas de hecho tomadas en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, evitando así mayor afectación a la población ecuatoriana", anota el decreto en momentos en los que se mantienen bloqueos parciales de vías en dos de las 24 provincias del país.
La declaratoria se circunscribe a las mencionadas provincias "por ser aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos, paralización del transporte y los cierres de vías", indica el texto.
"Esta situación requiere de una intervención excepcional de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos; el orden público y la paz social", apunta el documento; mientras sindicatos y sectores sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) rechazan el alza del precio del diésel a raíz de la eliminación del subsidio.
La vigencia de la medida por dos meses se fundamenta "en la necesidad de mantener presencia reforzada del Estado en el territorio indicado durante el tiempo suficiente para poder fortalecer el orden público y limitar los escenarios de violencia en contra de las personas y bienes públicos y privados".
En las mencionadas provincias se suspende el derecho a la libertad de reunión, lo que limita aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día con el objeto de paralizar servicios públicos e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos.
La medida no implica restricción al derecho a manifestarse "siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía", aclara el decreto.
ss/mcc
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