Managua.— El gobierno de Nicaragua y la oposición acordaron anoche urgir la presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de una misión de la Unión Europea (UE), al concluir una sesión de diálogo nacional que busca poner fin a la crisis que vive el país, donde las protestas contra el régimen han dejado 200 muertos, según organismos de derechos humanos.

Así lo señaló un comunicado leído por el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que sirvió como mediadora y testigo de una maratónica sesión en la que se aprobaron también otros acuerdos, incluyendo el que se instale oficialmente el funcionamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que será designado por la CIDH.

Su misión será investigar la violencia que ha sacudido al país, en medio de denuncias de represión, por parte del gobierno de Daniel Ortega, de las protestas que iniciaron el 18 de abril en contra de una reforma al sistema de seguridad social que al final fue revocada, pero que sirvió como detonante de manifestaciones generales contra el mandatario.

Además de la “invitación inmediata” del gobierno al Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) y la UE, las partes también acordaron que “se hace importante la presencia inmediata de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, convinieron en hacer “un plan para la remoción de los ‘tranques’” [bloqueos en carreteras] que mantienen los manifestantes desde hace más de un mes, el cual será vigilado por una comisión de “verificación y seguridad”.

Las partes acordaron hacer un llamado “al cese de todo tipo de violencia y amenaza, venga de donde venga”. Las conversaciones siguen hoy, cuando se abordará el tema del proceso de democratización, que incluye las demandas de la oposición para adelantar las elecciones de 2021 y retirar del gobierno a Ortega.

La CEN propuso como fecha para los comicios adelantados el 29 de marzo de 2019.

El diálogo, que se reanudó este viernes tras ser suspendido hace un mes, tuvo una duración de más de 10 horas, seis de las cuales fueron conversaciones privadas y sin transmisiones en vivo por televisión.

Las conversaciones se vieron empañadas por informes de nuevos actos de violencia en la capital, Managua. La televisión local mostró imágenes de policías disparando fusiles de asalto cerca de un campus universitario.

Horas antes del acuerdo, el obispo Silvio Báez había advertido que lo que estaba en juego era “la estabilidad de la nación”.

Las protestas han detenido la economía de la pobre nación centroamericana. Miles de comerciantes y empresarios de todo el país participaron el jueves en un paro nacional de 24 horas para presionar por la renuncia del presidente.

Las conversaciones anteriores se suspendieron el mes pasado luego de que testigos y grupos de derechos humanos acusaron a las fuerzas de seguridad de abrir fuego contra miles de manifestantes durante una tregua. Ortega ha llamado a los manifestantes vándalos financiados por grupos de derecha.

La no gubernamental Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH) sumó ayer al recuento fatal otros 31 decesos, elevando la cifra de muertos a 200 desde que comenzaron las protestas. Álvaro Leiva, director de la ANPDH indicó que sus miembros están cubriendo “emergencias tras emergencias” en varias ciudades del país. Agencias

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