Ciudad de Panamá. CK Hutchison advirtió de acciones legales contra una filial de Maersk si asume el control de dos puertos en torno al Canal de Panamá, luego de que el Supremo panameño anuló la concesión operada por el conglomerado chino y el gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que el gigante danés asumirá su operación transitoriamente.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró el pasado 29 de enero “inconstitucional” el contrato de 1997 que otorgó la concesión a 25 años de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) a Panamá Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, así como los anexos y la prórroga automática de 2021.
El presidente Mulino anunció que PPC seguirá operando los puertos hasta que la sentencia judicial, que es inapelable, quede “ejecutoriada”, y que luego de ello APM Terminal Panama, filial de Maersk, asumirá transitoriamente la operación hasta tanto culmine un proceso abierto de concesión de ambas las terminales.

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En un comunicado difundido este jueves, CK Hutchison informó que el pasado 10 de febrero notificó a AP Moller-Maersk que “cualquier acción” de su subsidiaria APM Terminal Panama como de sus otras empresas afiliadas “para asumir la administración u operación de los puertos” operados por PPC “en cualquier capacidad y por cualquier período de tiempo” sin su “consentimiento” causará “daños” al operador chino y “dará lugar a recursos legales” contra la empresa danesa.
Hutchison recordó además que ya notificó a Panamá sobre “una disputa de conformidad con un tratado de protección de inversiones para proteger sus derechos e intereses”, en alusión al anunció que hizo el pasado 3 de febrero sobre el inicio de un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por un monto que no ha sido revelado.
El conglomerado chino afirmó además que el Gobierno de Panamá “continúa avanzando hacia una paralización forzada o la toma de control de las operaciones de PPC”, y que “si la publicación del fallo resulta en la terminación de la concesión de PPC, el efecto inmediato sería la imposibilidad de operar sus terminales”. Por ello, sostuvo que “la continuidad de las operaciones portuarias depende únicamente de las acciones de la Corte Suprema de Panamá y del Estado panameño”.
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El fallo judicial que anuló la concesión portuaria respondió a dos demandas presentadas por el contralor general de Panamá, Anel Flores, tras una auditoría en la que detectó presuntas irregularidades financieras y administrativas y desencadenó un amplio debate político en el país.
Esto ocurre en medio de la batalla geopolítica entre EU y China, que alcanzó a CK Hutchison.
La compañía había acordado el año pasado traspasar la concesión de los dos puertos panameños a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, como parte de una transacción global de casi 23 mil millones de dólares y 40 terminales, que fue frenada por Beijing.
ss/mcc