Los medios viven tiempos turbulentos. No sólo viven bajo la amenaza del crimen, sino de los gobiernos, que han recurrido a diversas estrategias para silenciarlos. En EU se da la revisión de contratos, la exclusión de medios tradicionales a eventos o instituciones (como el Pentágono) y rodearse de influencers amigables. Además, se ven agresiones verbales a las mujeres periodistas. La presión económica es otra herramienta contra el gremio, y de El Salvador a Argentina se vive la persecución a la crítica; en México también hay señalamientos directos.
El poder y el anonimato, como armas para silenciarlas
Guadalupe Galván. Editora de Mundo en EL UNIVERSAL
Si los periodistas en general enfrentan en la actualidad un ambiente hostil, las mujeres periodistas merecen un capítulo aparte.
No solo son perseguidas, igual que sus compañeros. Enfrentan violencias y amenazas con rostros poderosos, o con ninguno.
Por preguntar al presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la crisis del gas, una periodista obtuvo como respuesta un: “Hermosa mujer. Le digo una cosa, me dice lo opuesto, como si no me escuchara”.
En su intento por obtener respuestas del mandatario estadounidense, Donald Trump, periodistas como Kristen Holmes, Maggie Haberman, Kaitlan Collins o Catherine Lucey han recibido insultos que van del “cállate, cerdita” al “periodista amargada”, “asquerosa” o “ruidosa".
Sea un gobierno supuestamente democrático o uno autócrata, las mujeres enfrentan un entorno difícil, donde por hacer su trabajo enfrentan todo el poder presidencial, la Casa Blanca incluida.
La corresponsal principal de CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes. Foto: AFP
Afrontan, al mismo tiempo, violencia digital. Acoso, ataques misóginos, amenazas por su trabajo, por ser mujeres. Una violencia que se aprovecha del anonimato para intentar amedrentar, silenciar, y que deja una huella profunda.
No son solo ataques a la libertad de prensa. Son ataques a la democracia. Buscan desviar la atención de la pregunta. Son el pretexto para no responder. Son un intento de censura. Son agresiones ante los cuestionamientos incómodos, trátese de Jeffrey Epstein, de corrupción o de cualquier tema sobre el que los políticos no quieran responder. Y una muestra de que, en pleno siglo 21, los poderosos creen que la mujer es el sexo débil, alguien a quien se puede agredir, callar o llamar tonta sin consecuencias.
Frente a esta amenaza, las periodistas parten con desventaja. Pero la confrontan armadas con preguntas. Las diferentes protecciones que desde las organizaciones noticiosas e instituciones como Naciones Unidas resultan insuficientes cuando desde el poder se recurre al insulto vil para silenciarlas. Se requiere más que un cierre de filas. Se requieren leyes más estrictas. Leyes que las protejan, incluso de presidentes como Trump. Mientras esas leyes llegan, las mujeres periodistas seguiremos respondiendo con las armas que tenemos: valentía, verdad, voz.
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No nos silenciarán: la tenacidad del periodismo
Carlos Heredia Zubieta. Profesor del CIDE
Carlos Dada fundó www.elfaro.net, en el contexto de la posguerra en El Salvador. Los periodistas de El Faro (hoy en el exilio) han investigado a partir de 2019 al gobierno de Bukele, sus pactos con pandillas y su enriquecimiento familiar. En respuesta, han sido objeto de amenazas y difamación originadas en Casa Presidencial; espionaje con Pegasus; y acusaciones fabricadas de lavado de dinero. José Rubén Zamora, fundador de el Periódico en Guatemala en 1996, fue encarcelado en julio de 2022 y puesto bajo arresto domiciliario en 2026, por cargos de lavado de dinero. El propio presidente Bernardo Arévalo calificó esto como persecución política por denunciar la corrupción y los abusos de poder de políticos y oligarcas guatemaltecos, quienes tuvieron como brazo ejecutor a Consuelo Porras, la titular del Ministerio Público entre 2018 y 2026. Carlos Fernando Chamorro, director de www.confidencial.digital, ha vivido dos periodos de exilio de Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En febrero de 2023 el régimen le retiró la nacionalidad nicaragüense, lo declaró “traidor a la patria” y le confiscaron bienes y derechos políticos.Estos intentos de silenciar a la prensa, tanto por parte del crimen organizado como de agentes gubernamentales, combinan la violencia letal impune, el acoso judicial y la estigmatización oficial, como es el caso de las recientes listas de periodistas críticos en México.
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La doble venganza
Sara Mendiola Landeros. Directora Ejecutiva de Propuesta Cívica.
México ha construido a lo largo de más de dos décadas una relación bastante contradictoria con la libertad de expresión. Por una parte, los gobiernos en turno aseguran protegerla y afirman que no hay censura, por otra, la realidad nos muestra que la violencia contra el periodismo y sus periodistas no cesa, al grado que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos y mortales para informar.
El territorio mexicano está trazado por escenarios letales para el periodismo, esto no es un fenómeno aislado, sino es algo estructural. La violencia contra periodistas y la impunidad son caras de una misma moneda: la colusión directa o tolerada del Gobierno con las estructuras criminales. En este contexto la impunidad se convirtió en la administración institucional que permite que la violencia se sostenga y reproduzca de las maneras más crudas contra quienes informan. ¿Cómo se logra este andamiaje? Con dinámicas macrocriminales y redes de complicidad que operan las estructuras de instituciones, en las que convergen al menos tres poderes: el político, el criminal y el económico. El resultado de 2020 a la fecha al menos 180 periodistas asesinados (98% de impunidad) y 30 desaparecidos (100% de impunidad), aquí es donde las cifras deben de ir más allá de lo estadístico, para asumir la dimensión político-criminal. En México asesinar a un/a periodista no tiene un costo de justicia para el agresor, ni un costo político para las autoridades. Las familias víctimas no tienen acceso a la justicia, los casos quedan sin resolverse, no hay reconstrucción de los hechos, no hay conocimiento a la verdad, no hay memoria social, ni tampoco voluntad política para revertir esta realidad, y en esa contradicción permanente se siguen operando los crímenes. La impunidad no es una simple omisión del Estado mexicano, representa una forma de administración institucional, y una suerte de venganza del Gobierno contra quienes investigan y nos informan los hechos de relevancia pública. Las y los periodistas son víctimas de violencia en manos de sus agresores y del propio Estado, es una doble venganza.
La libertad de prensa también necesita un modelo de negocio
Scarlett Limón Crump. Analista Internacional
Nunca habíamos tenido acceso a tanta información y, paradójicamente, tantos medios habían tenido tantos problemas para sobrevivir.
En Estados Unidos, más de 3,000 periódicos locales han desaparecido desde 2005. Solo en 2025 cerraron 136, más de dos por semana. El resultado es que alrededor de 50 millones de personas viven hoy en comunidades con acceso limitado o inexistente a noticias locales. No necesariamente porque alguien haya censurado esos periódicos, sino porque informar dejó de ser rentable.
La crisis no es exclusivamente estadounidense. La migración de la publicidad hacia las plataformas digitales, la caída de lectores, el estancamiento de las suscripciones y los cambios en la manera en que consumimos información han debilitado el modelo económico que sostuvo durante décadas al periodismo.
Hasta aquí podríamos hablar simplemente de una industria en transformación. El problema democrático aparece cuando esa fragilidad económica se encuentra con un poder político dispuesto a aprovecharla.
Donald Trump ha convertido su confrontación con los medios en parte de su estrategia política. Pero ahora existe una herramienta particularmente eficaz: hacer que confrontarlo tenga un costo. En 2025, Paramount acordó pagar 16 millones de dólares para resolver la demanda presentada por Trump contra CBS por una entrevista de 60 Minutes a Kamala Harris. Meses antes, ABC había alcanzado otro acuerdo por 15 millones. En ambos casos, las empresas evitaron continuar largos litigios. La preocupación va más allá de quién tenía razón: el precedente de que demandar, presionar y elevar el costo de una cobertura incómoda también puede convertirse en una forma de disciplinar.
No hace falta cerrar un periódico para debilitarlo.
La censura del siglo XXI puede ser mucho más sofisticada: litigios costosos, restricciones de acceso, presión sobre las fuentes de financiamiento o el permanente cuestionamiento de la legitimidad de quienes informan. En un ecosistema mediático económicamente debilitado, cada una de estas herramientas adquiere mayor capacidad de presión.
Pero la independencia tiene dos caras. Una prensa capaz de vigilar al poder necesita condiciones económicas para sobrevivir, pero también suficiente autonomía para que esa supervivencia no dependa de complacer a gobiernos, anunciantes, corporaciones o propietarios.
Ahí está el verdadero desafío. Defender la libertad de prensa no significa asumir que los medios son infalibles ni eximirlos de rendir cuentas. Significa preservar un ecosistema en el que investigar, cuestionar e incomodar al poder no implique poner en riesgo la propia existencia.
La prensa puede seguir siendo un muro de contención democrático, pero solo si conserva aquello que le permite ejercer esa función: credibilidad, pluralidad e independencia y algo mucho menos romántico, aunque igualmente indispensable: condiciones económicas para sobrevivir.
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¿Quién controla la conversación pública?
Maria Fernanda Rizo Guevara. Internacionalista
Durante mucho tiempo, la relación entre el poder político y los medios de comunicación ha estado marcada por una pregunta: ¿qué tan crítica es la prensa con el gobierno? En México, esa relación nunca ha sido sencilla. Cuando un medio cuestiona al gobierno, con frecuencia deja de ser visto como contrapeso y comienza a ser tratado como enemigo.
Una de las respuestas ante esta crítica ha sido buscar aliados, fortalecer plataformas propias y construir espacios capaces de competir con quienes cuestionan la narrativa oficial. El gobierno de Claudia Sheinbaum no es la excepción. Sus recientes enfrentamientos con medios muestran que la confrontación entre gobierno y prensa sigue presente. El problema aparece cuando la respuesta desde el gobierno deja de ser debatir una información y se convierte en descalificar sistemáticamente a quien la publica.
Pero tampoco creo que todo medio de comunicación represente automáticamente un contrapeso democrático. La prensa también tiene intereses, agendas y sesgos, y quienes comunican tienen la responsabilidad de que la información que difunden sea verdadera y esté sustentada en hechos. Por eso, cuestionar a los medios también es parte de una democracia.
El problema es que en México una parte importante de la conversación pública está en manos de ciertos grupos mediáticos. Y cuando algunos tienen además vínculos cercanos con el gobierno, aumenta su capacidad para influir en la opinión pública.
Por eso, frente a una prensa crítica, la respuesta no debería ser construir una prensa cercana al poder. Eso no resuelve los problemas del periodismo ni amplía la pluralidad; simplemente cambia qué voces reciben mayor respaldo y visibilidad.
Lo que necesitamos son medios que puedan cuestionar al gobierno, pero que también estén dispuestos a ser cuestionados. Medios plurales, responsables e independientes, cuya legitimidad no dependa de ser aliados de nadie.
La pluralidad no se construye creando medios cercanos al poder para contrarrestar a los críticos. Se construye dejando espacio para que distintas voces puedan cuestionar a quienes tienen poder.
Proteger para no silenciar
Mateo Ritch Rocha. Analista en Derechos Humanos
En México conviven, en un mismo momento, dos fenómenos que a primera vista parecen distintos pero comparten una misma raíz. Por un lado, el Estado avanza en reglamentar el derecho de las audiencias; la idea de que la ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz y plural, para no depender únicamente de lo que las empresas de radiodifusión decidan ofrecer. Por otro lado, ese mismo Estado ha optado en ocasiones por señalar públicamente a periodistas y medios que considera adversarios.
Desde una perspectiva de derechos humanos, conviene mirar ambos fenómenos desde la persona: quién informa y quién es informada. Bajo ese criterio, ambos comparten un mismo riesgo, aunque de signo distinto. Reconocer que la información veraz y plural es condición de ciudadanía es, en principio, un avance. Pero toda regulación que delega en el poder político la facultad de decidir qué es verdadero o falso corre el riesgo de volverse contra quien pretendía proteger, sobre todo cuando no existen garantías claras de independencia en quién evalúa.
Cuando un gobierno señala públicamente a periodistas, el efecto práctico es desincentivar el disenso. En un país donde ejercer el periodismo implica riesgos considerables, poner nombres propios en la mira desde el poder vulnera a quienes cumplen esa función.
Un Estado que pone en el centro los derechos humanos puede sostener ambas críticas sin contradicción: defender la regulación democrática frente a la concentración mediática privada y, a la vez, exigir que ningún gobierno convierta la crítica periodística en un blanco. Al final, lo que está en juego es el derecho de las personas a informarse e informar sin miedo.
El futuro de los medios sin los medios
Rodrigo Cerda Cornejo. Mtro. en Seguridad Pública y Políticas Públicas
México discute lineamientos de derechos de las audiencias y el tema parece contemporáneo. Sin embargo, lo que se pretende regular ha cambiado tanto que es casi irreconocible. Los medios tradicionales dejaron de existir hace tiempo ya: su modelo económico colapsó, su audiencia migró a las plataformas y los medios que sobreviven operan como brazos de corporaciones y multimillonarios con intereses ajenos a la información.
Estados Unidos nos da una muestra de ello. Seis corporaciones concentran a casi todos los medios. Este año se han aprobado fusiones que dan poder de mercados sobre el 80% de los hogares que tienen televisión en EE.UU. y se quitó la prohibición de que un medio pudiera dominar más del 40% del mercado. Una cadena pagó 16 millones de dólares para terminar con una demanda, solo por haber editado una entrevista conforme a su propio criterio.
En Europa, el noticiario más visto de Alemania dio voz 136 veces a políticos y militares israelíes frente a 4 veces para los representantes palestinos en dieciséis meses de guerra. Tan solo a Netanyahu le dio tribuna 63 veces. Además, tiene una regla interna que instruye llamar “contraataques” a las ofensivas israelíes, en medio de un genocidio que 66 países han denunciado ante la comunidad internacional.
Frente a eso, exigir a un medio a distinguir información, opinión y publicidad, publicar su código de ética y sostener una defensoría son las reglas indispensables para tener orden en medios y concesiones públicas.
Sin embargo, lo que nos rodea ya es un panorama de medios en donde las cajas negras de algoritmos deciden qué merece ser noticia y qué se va a resaltar, incluso de que ocurra el hecho. Cada vez más, la inteligencia artificial genera contenido que alimenta a otros sistemas en un circuito que se aleja de la realidad. Notas enlatadas y automatizadas contaminan la información. Regular los medios es un paso necesario, pero regular y acotar a una máquina que se “informa” a sí misma será el siguiente.
Prensa a la medida
Hiromi Amador. Internacionalista
Vale la pena voltear a ver lo que está pasando con la prensa en Estados Unidos.
Empezó en 2025. El gobierno federal canceló las suscripciones que tenía con Politico, Bloomberg y la BBC. Después, la Casa Blanca les quitó a los corresponsales algo que ellos mismos decidían desde hace décadas: quién cubre al presidente. Ahora lo decide el gobierno.
Lo más fuerte pasó en el Pentágono. Les pidieron a los reporteros firmar un compromiso: no publicar información que no estuviera autorizada, aunque no fuera secreta. Casi todos se negaron. En octubre de 2025 entregaron sus gafetes y se salieron del edificio. Fox News y Newsmax también.
Ese detalle lo dice todo. Cuando la prensa conservadora termina del mismo lado que The New York Times, el pleito ya no es de izquierdas contra derechas. Es sobre quién decide qué puede saber la gente.
Y eso nos toca a todos. Uno se hace una opinión leyendo varias versiones del mismo hecho. Si las fuentes se reducen, y encima todas dicen lo mismo, no hay con qué contrastar. Se opina con lo que sobró.
En marzo de 2026 un juez declaró ilegales esas reglas. El Pentágono respondió cerrando el pasillo donde trabajaba la prensa y ordenando que los reporteros anduvieran acompañados por un funcionario. En junio convirtió la oficina de prensa en zona de información clasificada. O sea: tienes credencial, pero ya no hay a dónde entrar.
Luego está la FCC, el organismo que otorga las licencias de radio y televisión. En abril les ordenó a las ocho estaciones de ABC renovar su licencia antes de tiempo. Les tocaba hasta 2028. Disney, dueña de la cadena, demandó a la FCC el 18 de agosto y la acusó de castigarla por lo que transmite.
El espacio que dejaron esos reporteros no se quedó vacío. Lo ocuparon influencers, podcasteros y medios amigables. Se cambió de interlocutor. La información sigue circulando, pero ahora la produce gente que depende del gobierno para tener acceso. La pregunta ya no es si informan. Es desde dónde y para quién.
En julio, la Sociedad Interamericana de Prensa advirtió que lo de Estados Unidos ya es grave y que forma parte de una tendencia regional. Nada de esto se queda allá.
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