Azucena Uresti | 27-08-26 | 02:37 |

Hay una fotografía extraordinaria que muestra el rostro de la justicia mexicana en 2026: políticos de distintos partidos, gobernadores y exgobernadores, militares, funcionarios y legisladores aparecen vinculados a investigaciones que van desde corrupción y huachicol fiscal hasta desaparición forzada y narcotráfico.

Mientras unos ya están presos, otros continúan despachando desde sus oficinas —o hacen como que trabajan mientras siguen cobrando del erario—, y algunos ni siquiera están siendo formalmente investigados.

Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero que militó en el PRI y después llegó al poder mediante una coalición encabezada por el PRD, fue vinculado a proceso por su probable participación en desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, concretamente por el supuesto ocultamiento de un video clave en la investigación sobre el secuestro de los 43 normalistas. Está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No.1 en Almoloya, Estado de México, conocido como “El Altiplano”.

Ernesto Ruffo, exgobernador panista de Baja California, fue detenido por su presunta participación en una trama de huachicol fiscal y delincuencia organizada. Él también está en El Altiplano.

Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, quienes también están presos en la misma cárcel, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, son señalados por autoridades mexicanas de liderar —desde sus altos cargos en la Marina— una gigantesca estructura de contrabando de combustibles.

En medio de esa investigación en particular, existen testimonios que hacen referencia al senador morenista Adán Augusto López Hernández y al “hijo del Presidente”, a quien la defensa de los Farías Laguna identifica como Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena y actual aspirante a diputado federal por Tabasco.

Desde luego un par de menciones no significa que sean culpables, sin embargo, si la misma indagatoria que ha llevado a prisión a marinos y a un exgobernador contiene referencias a personajes tan cercanos al poder, ¿no correspondería —cuando menos— agotar todas las líneas de investigación antes de descartarlas?

Pero el caso más descarado de todos es el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contra quien Estados Unidos presentó una acusación formal por presuntamente conspirar con “Los Chapitos” para facilitar el tráfico de drogas a cambio de apoyo político y sobornos. Y no olvidemos al senador Enrique Inzunza, quien fue señalado junto con Rocha Moya por el mismo caso, y apenas ayer decidió separarse de la bancada de Morena.

Obviamente Rocha niega las acusaciones, y está libre.

Inzunza no ha pedido licencia, y está libre.

Adán Augusto niega las acusaciones, y está libre.

“Andy” está libre.

Por cierto, ahora las baterías están también enfocadas contra la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, y contra la esposa de Fernando Farías, Mónica Gámez. Las dos “estorban” a los intereses de algunos.

Como vemos, en México la presunción de inocencia no se aplica por igual para todos, y menos aún la voluntad del Estado para investigar.

@azucenau