México es el país preferido de Trump para deportaciones

La estrategia del gobierno de Donald Trump de deportar migrantes a países distintos a los de su nacionalidad, una práctica que comenzó de manera relativamente limitada al inicio de su segundo mandato, se ha convertido, en menos de dos años, en una extensa red internacional que ya involucra a por lo menos 35 gobiernos, 18 de ellos en América Latina y el Caribe. Y la lista podría seguir creciendo. Además, México es su destino preferido para expulsar migrantes.

De acuerdo con la más reciente actualización de Third Country Deportation Watch, un proyecto de las organizaciones Human Rights First y Refugees International que rastrea estos acuerdos, entre el 20 de enero de 2025 y el 15 de agosto de este año, Estados Unidos había enviado a aproximadamente 22 mil personas a 26 países donde no son ciudadanos y, en muchos casos, con los que no tienen ningún vínculo previo.

México constituye, por mucho, el principal destino. Según el registro, cerca de 19 mil ciudadanos de terceros países fueron enviados desde Estados Unidos a México entre enero de 2025 y mediados de agosto de este año.

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Los datos obtenidos de las autoridades mexicanas permiten, además, observar quiénes son muchos de ellos. Sólo entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025, México recibió al menos 12 mil 983 personas que no eran mexicanas, entre ellas 3 mil 753 cubanos, 3 mil 568 venezolanos, 2 mil 840 guatemaltecos, mil 81 hondureños, 767 salvadoreños, 694 nicaragüenses, 222 haitianos y 58 personas de otras nacionalidades. Entre enero y mediados de junio de 2026 llegaron otros 5 mil 504, principalmente cubanos y venezolanos. Añade que “en promedio, México recibió un poco más de 700 nacionales de terceros países por mes entre febrero y mayo de 2026”.

Algunos gobiernos han firmado acuerdos, pero todavía no han recibido migrantes, mientras EU negocia convenios adicionales, entre ellos uno con Uruguay que hasta ahora no ha sido concluido.

Los 18 países de América Latina y el Caribe que aparecen actualmente en el mapa de Third Country Deportation Watch son Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.

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Fuera del continente aparecen acuerdos o arreglos con países tan diversos como Burundi, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Ghana, Liberia, Ruanda, Sierra Leona, Sudán del Sur, Uganda, Palau, Uzbekistán, Kosovo y Moldavia. No todos los convenios funcionan de la misma manera. Algunos permiten que EU envíe migrantes a otro país para que ahí soliciten asilo. Otros contemplan una estadía temporal antes de que la persona sea enviada de nuevo a su país de origen. Y algunos han incluido la detención de los deportados en cárceles o instalaciones especiales mientras se determina qué hacer con ellos.

En El Salvador, Esuatini y Sudán del Sur, por ejemplo, se utilizan instalaciones de detención. En países como Costa Rica, Panamá, Ghana, Camerún, Sierra Leona y Guinea Ecuatorial, los acuerdos sirven principalmente como estaciones intermedias antes de una eventual repatriación. La política se ha extendido mucho más allá de los vecinos inmediatos de Estados Unidos.

La semana pasada, Esuatini confirmó la llegada de dos nuevos deportados procedentes de América Latina. Liberia acaba de poner en marcha uno de los acuerdos más ambiciosos.

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El país africano aceptó recibir hasta mil 200 deportados durante un año. El primer vuelo, con 20 personas, llegó el 20 de agosto. De acuerdo con funcionarios liberianos, buena parte de ese grupo estaba compuesto por ciudadanos latinoamericanos, incluidos venezolanos y cubanos.

EU destinó 5 millones de dólares para fortalecer el sistema migratorio de Liberia, aunque Mon- rovia sostiene que el dinero no constituye un pago directo por cada persona recibida.

Ese tipo de incentivos se ha convertido en uno de los elementos más controvertidos del programa. Third Country Deportation Watch ha constatado que el gobierno estadounidense ha pagado al menos 44 millones de dólares a gobiernos de terceros países en relación directa con estos acuerdos (sin incluir los costes de los vuelos).

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Las organizaciones que monitorean el programa sostienen, además, que Washington ha utilizado otras herramientas de presión o negociación, desde amenazas de restricciones de visas y aranceles hasta promesas de cooperación en materia de seguridad, inversiones y asistencia económica.

Algunas de las personas enviadas a terceros países cuentan con órdenes judiciales que impiden deportarlas a sus países de origen porque jueces de inmigración estadounidenses determinaron que podrían sufrir persecución o tortura.

En esos casos, Estados Unidos sostiene que puede enviarlas a otro país donde no exista ese riesgo. Lo que sucede después no siempre está bajo su control. La falta de transparencia aumenta las dudas sobre los acuerdos de deportación.

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La administración sostiene que la legislación migratoria le permite deportar a determinadas personas a terceros países. Organizaciones de derechos humanos argumentan, en cambio, que antes de hacerlo debe garantizarles una oportunidad efectiva para demostrar que también podrían enfrentar persecución o tortura en ese nuevo destino.

Human Rights First y Refugees International sostienen que varios de los acuerdos siguen sin hacerse públicos, pese a que la legislación estadounidense exige que los acuerdos internacionales sean transmitidos al Congreso dentro de plazos determinados.

Añade que “organizaciones de servicios legales e inmigrantes han impugnado los traslados forzosos a terceros países ante los tribunales estadounidenses. Jueces federales ya las han declarado ilegales en varios casos, incluyendo las expulsiones de venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Extranjeros Enemigos”.

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Mientras tanto, Washington continúa buscando nuevos socios. Uruguay se encuentra negociando un acuerdo, aunque la propuesta ha generado oposición política y cuestionamientos por parte de organizaciones civiles en ese país. Bahamas y San Vicente y las Granadinas inicialmente rechazaron las propuestas estadounidenses, pero posteriormente continuaron las conversaciones sobre posibles arreglos.

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