Nashville, Tennessee.- Un juez federal de inmigración negó una solicitud de asilo de Kilmar Ábrego García, cuyo caso se ha convertido en un símbolo de la lucha de poder partidista sobre la política migratoria en Estados Unidos.
El juez en Baltimore rechazó el miércoles una solicitud para reabrir el caso de asilo de Ábrego de 2019, pero esa no es la última palabra. El salvadoreño tiene 30 días para apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Ábrego tiene una esposa e hijos estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos ilegalmente cuando era adolescente.
En 2019, fue arrestado por agentes de inmigración. Solicitó asilo, pero no era elegible porque llevaba más de un año en el país. Sin embargo, el juez dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador, donde enfrentaba las amenazas de una pandilla que había atacado a su familia.
En marzo, la administración del presidente Donald Trump lo deportó por error a El Salvador, donde quedó retenido en una prisión notoria, y su caso pronto se convirtió en un punto de referencia para aquellos que se oponen a la agenda migratoria del presidente republicano. Ante un fallo de la Corte Suprema, la administración lo devolvió a Estados Unidos en junio, solo para acusarlo inmediatamente de tráfico de personas.
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Ábrego enfrenta cargos criminales en Tennessee, basados en una parada de tráfico en 2022. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) también busca deportarlo a un tercer país, proponiendo primero Uganda y luego Esuatini, un pequeño país en el sur de África donde el rey aún tiene poder absoluto.
Sus abogados han denunciado los cargos criminales y los esfuerzos de deportación, diciendo que son un intento de castigarlo por enfrentarse a la administración.
La solicitud de Ábrego para reabrir su caso de asilo es un riesgo calculado. Si se aprueba, el asilo podría proporcionarle una green card (un permiso de residencia) y un camino hacia la ciudadanía. Pero si pierde, un juez de inmigración podría retirar su protección de ser devuelto a su país natal.
Eso podría colocarlo de nuevo en el infame Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT) de El Salvador, donde, alega en una demanda, sufrió severas golpizas, privación del sueño y tortura psicológica. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha negado esas acusaciones.
Funcionarios de la administración Trump han llevado a cabo una campaña de relaciones públicas implacable contra Ábrego, repitiendo que es miembro de la pandilla MS-13, entre otras cosas, a pesar de que no ha sido condenado por ningún delito.
Sus abogados han presentado mociones solicitando una orden de silencio y dicen que no podrá recibir un juicio justo debido a las “declaraciones altamente perjudiciales, incendiarias y falsas” hechas sobre él.
Aunque el juez federal en Tennessee puede ordenar a los fiscales allí que no hagan declaraciones perjudiciales sobre Ábrego, no está claro si la autoridad del juez se extiende al Departamento de Seguridad Nacional, que el miércoles publicó en la red social X sobre el fallo del tribunal de inmigración.
“Sus abogados intentaron luchar contra su expulsión de Estados Unidos, pero una cosa es segura, este hombre salvadoreño no va a poder permanecer en nuestro país”, según la publicación.
mcc
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