La justicia de El Salvador inició este lunes un juicio contra unos 490 acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos varios fundadores y líderes, en el primer juicio masivo contra el mando de una pandilla, según las autoridades.
Las autoridades aseguraron que, entre miles de crímenes que se la adjudican, el grupo dio órdenes de matar a 87 personas en un fin de semana en marzo de 2022, tras lo cual el presidente, Nayib Bukele, declaró una "guerra" antipandillas con un estado de excepción que ha dejado más de 91 mil detenidos.
Centros Judiciales de El Salvador, que reúne a los juzgados, precisó en su cuenta en X que los imputados son 492 y que entre ellos están miembros de la "ranfla" (máxima jerarquía) de la MS-13, cabecillas por zonas y fundadores.

La Fiscalía General de El Salvador, en un comunicado en Facebook, dio una cifra distinta, de 486 acusados, a quienes "se les atribuyen 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022", entre estos 29 mil homicidios.
La MS-13 y su rival Barrio 18 -con sus facciones-, consideradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador, llegaron a controlar el 80% del territorio nacional, según Bukele.
Al grupo "además se le procesa por el delito de rebelión porque buscaban mantener el control territorial para establecer un estado paralelo", lo que atenta contra "la soberanía nacional", agregó la fiscalía.
Esta es la "primera vez" que se realiza un juicio masivo "contra las estructuras de mando que ordenaron crímenes", añadió.
Bukele es popular por acabar con el terror de las pandillas, pero oenegés denuncian más de 500 muertes en prisión, torturas y miles de arrestos de inocentes bajo el estado de excepción, que permite capturas sin orden judicial.
Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a inicios de los años 1990, las pandillas aterrorizaron a El Salvador durante más de tres décadas, se dedicaban a la extorsión, el narcomenudeo, sicariato, tráfico de armas y otros negocios ilícitos.
En tres décadas, de acuerdo con Bukele, las pandillas asesinaron a unas 200 mil personas, tomando en cuenta a unos 80 mil reportados como desaparecidos.
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La Fiscalía dijo tener "abundantes pruebas para pedir las penas máximas", sin precisar si se trataría de la cadena perpetua que entrará en breve en vigor para castigar a homicidas, violadores y "terroristas", según una reforma legal recientemente aprobada.
En la instalación este lunes de la llamada "audiencia única abierta", el juzgador -no identificado- mencionó que estos grupos perturbaron por décadas "la paz de la población salvadoreña y la seguridad del Estado", por lo que serán juzgados "con todo el peso de la ley", según la nota del centro de juzgados.
El caso "revela una verdad ineludible: nos revela que los hechos no fueron casuales, fueron ordenados por una estructura que no tenía respeto por la ley, que no le importaba lo sucedido", añadió.
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Oenegés de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y Cristosal han criticado los juicios masivos por el riesgo de que sean condenados inocentes, al no individualizar la responsabilidad penal y haber eliminado la audiencia de valoración de pruebas, según reformas legales.
Los acusados comparecen en el juicio de forma virtual, y 413 de ellos están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, según las autoridades.
Algunos están recluidos desde hace varios años en varias prisiones y otros fueron detenidos bajo el régimen de excepción, y según la fiscalía se giraron órdenes de captura para otros 73 que andan prófugos.
Una fuente judicial comentó a la AFP que el juicio podría prolongarse por unos seis meses.
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