Tribunal Supremo condena a Eduardo Bolsonaro por coacción; intercedió ante EU para aplicar sanciones a jueces del país

Sao Paulo. El exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue condenado este martes por el Tribunal Supremo por coacciones a la justicia por sus gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para que impusiera sanciones contra Brasil.

La decisión fue unánime. Los ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino siguieron el voto del relator, Alexandre de Moraes, en el sentido de condenar al exdiputado por el delito de coacción en el curso del proceso. Moraes afirmó que no es función de un parlamentario "hacer cabildeo en contra de su propio país".

El relator defendió que la Sala desestimara las alegaciones de parcialidad en la conducción del proceso, recordando que el colegio judicial ya había rechazado dicha alegación cuando sentó al exdiputado en el banquillo de los acusados.

La fiscalía había pedido condenar al acusado. El subprocurador general de la República, Antônio Edílio Magalhães Teixeira, enumeró una lista de declaraciones de Eduardo Bolsonaro en las que relató sus contactos con las autoridades estadounidenses y aseguró que el conjunto de pruebas "evidencia que la coacción existió".

"La situación es relativamente simple: coaccionar a autoridades es delito", resumió el fiscal al comienzo del juicio.

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Eduardo Bolsonaro se mudó a Estados Unidos en febrero de 2025 para acercarse al Gobierno del presidente Donald Trump, que el año pasado impuso sanciones contra los magistrados que juzgaron a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, por golpe de Estado.

El gobierno estadounidense también justificó la imposición de aranceles a Brasil con base en el juicio contra Bolsonaro, que fue tildado por Trump como una "caza de brujas".

El hijo del expresidente y hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro no está presente en el juicio y está siendo representado por un abogado de oficio, de la Defensoría Pública.

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El delito de coacción está castigado con entre uno y cuatro años de cárcel y, además, acarrearía automáticamente la inhabilitación política del reo.

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