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El expresidente filipino Rodrigo Duterte elaboró personalmente "listas de personas a abatir" y se jactó de asesinatos cometidos durante su "guerra contra las drogas", afirmó este martes un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en una audiencia en La Haya.
Este martes se celebra el segundo día de las audiencias, conocidas como "confirmación de cargos", para decidir si Duterte, que gobernó Filipinas entre 2016 y 2022, debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.
Duterte enfrenta tres cargos de crímenes de lesa humanidad. Los fiscales le acusan de estar implicado en al menos 76 muertes entre 2013 y 2018.
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El fiscal Edward Jeremy presentó testimonios contundentes, entre ellos acusaciones según las cuales un niño habría sido envuelto con cinta adhesiva en la cabeza y estrangulado hasta la muerte.
"Como presidente, Duterte nombró públicamente a personas a las que acusaba de estar implicadas en el narcotráfico, y muchas terminaron siendo víctimas de su supuesta guerra contra las drogas", declaró.
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La "lista Duterte era esencialmente una lista negra", añadió el fiscal, mostrando un video en el que Duterte declara: "Soy el único responsable de todo esto".
El abogado del exmandatario, Nicholas Kaufman, declaró el lunes que su cliente "mantiene firmemente su inocencia".
Añadió que, aunque Duterte recurría a "bravuconadas e hipérboles" en sus discursos, también ordenaba con frecuencia a las autoridades disparar únicamente en caso de legítima defensa.
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Los grupos de derechos humanos calculan que la campaña antidrogas de Duterte dejó decenas de miles de muertos, en su mayoría personas pobres abatidas por policías o grupos de autodefensa, muchas veces sin pruebas de que estuvieran vinculadas al narcotráfico.
Una vez concluidos los cuatro días de audiencias, los jueces dispondrán de 60 días para emitir por escrito su decisión sobre si Duterte debe enfrentarse a un juicio completo.
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Duterte fue detenido en Manila en marzo del año pasado y trasladado a La Haya. Desde entonces permanece recluido en la unidad de detención de la CPI en la prisión de Scheveningen.
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