Javier Martín Reyes | 27-08-26 | 05:16 |

¿En qué se parecen la situación de Rubén Rocha y los procesos internos de Morena para nombrar a los “coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”? De entrada, en que ambos son burdos casos de simulación, situaciones donde las autoridades se niegan a aplicar las normas jurídicas y los dejan en un limbo que le resulta políticamente conveniente al oficialismo.

Por un lado, Morena y el gobierno no se ponen de acuerdo en qué hacer con Rocha. Si de verdad creyeran que es inocente y que las acusaciones en su contra no son más que un descarado injerencismo de Estados Unidos, deberían dejarlo regresar a la gubernatura. Si Rocha nada debe, el oficialismo nada debería temer por su regreso.

Si, por el contrario, el oficialismo creyera que hay indicios de que Rocha sí es responsable (como es evidente que los hay), tendría que actuar en consecuencia. Podría, por ejemplo, pedirle la renuncia, para que deje de jugar a que un día regresa al cargo para recuperar el fuero y al siguiente lo vuelve a abandonar. Podría, mejor aún, exigirle a la FGR una investigación seria que desemboque, en su caso, en una solicitud de vinculación a proceso. O podría, cuando menos, cumplir con la solicitud de detención provisional con fines de extradición que formuló Estados Unidos, para que, ahora sí, con Rocha detenido, corra el plazo que fija el tratado y lleguen entonces la petición formal y las pruebas que la sustenten. Si México no quiere juzgarlo, que al menos pueda hacerlo Estados Unidos.

Por el otro lado, algo parecido ocurre con los procesos internos de Morena. Si pensara, de verdad, que estos procesos no buscan definir a los candidatos del partido antes de los tiempos legales de las precampañas y al margen del marco normativo, los árbitros electorales —el INE y el Tribunal Electoral (TEPJF)— tendrían que aplicar las normas con rigor. Eso los llevaría a concluir que hay actos anticipados, a imponer sanciones y, en ciertos supuestos, incluso a cancelar registros.

Pero si el oficialismo aceptara lo que todos vemos y ellos niegan (esto es, que son precampañas anticipadas), por elemental vergüenza debería impulsar reformas para cambiar las reglas del juego. Si quieren que las precampañas empiecen antes, pueden hacerlo. Si quieren aumentar los montos que se gastan en estos procesos, también. Morena, el PT y el Verde tienen los votos para modificar tanto la Constitución como la ley y redefinir, como lo han hecho en tantos otros casos, las reglas del juego.

Pero resulta que no. En ambos casos el limbo resulta más conveniente. A Rocha ni le exigimos que vuelva ni lo investigamos ni le retiramos en definitiva el fuero. A las anteprecampañas de Morena ni las sancionamos como actos anticipados ni cambiamos las reglas para regularlas en serio. El limbo jurídico como política constitucional.

Lo peor del caso es que de esos limbos saldrán los próximos candidatos de Morena, que muy probablemente nos gobernarán. Saldrán de procesos simulados en los que nadie sabe cuánto se gasta, de dónde sale el dinero ni qué intereses se cuelan, desde los legítimos hasta los ilegítimos (como muy probablemente ocurrió en el caso de Rocha). Y saldrán de procesos formales en los que la evaluación de riesgo de las candidaturas (esa que debería decirnos si alguno tiene vínculos con el narcotráfico) quedará en manos de una FGR que se niega a investigar en serio a Rocha y de una comisión del INE que ya mostró que no piensa cumplir con las reglas más elementales para la competencia.

La duda, por tanto, no es si se aplicará la ley en esos procesos. Esa respuesta ya la tenemos. No, la ley no se aplicará. La duda es cuántos Rubén Rochas saldrán de ellos. Y de cuántos serán directamente responsables estas autoridades que se niegan a hacer su trabajo.

Javier Martín Reyes. Investigador en el IIJ-UNAM y en el Instituto Baker. X: .