EU y la guerra contra el "turismo de nacimientos"

Washington.- El peor día en la vida de la japonesa Midori Nishida, o al menos el más “humillante y frustrante”, lo sufrió el pasado noviembre en el aeropuerto de Hong Kong, cuando trabajadores de la aerolínea Hong Kong Express Airways la obligaron a hacerse un test de embarazo antes de embarcar rumbo a Saipan, capital de las Islas Marianas del Norte, un estado libre asociado de Estados Unidos.

La historia de Nishida, contada por The Wall Street Journal hace más de dos semanas, parece el prólogo de lo que a partir de este viernes se aplicará en Estados Unidos: la negativa de viaje y visado a aquellas mujeres que sean sospechosas de estar embarazadas y querer dar a luz en la Unión Americana.

Mientras todas las miradas están en el proceso de impeachment, el presidente Donald Trump no da ni un paso atrás en su política antiinmigrante. Tras muchos meses de sondear la posibilidad, su administración negará visados turísticos a aquellas mujeres embarazadas de las que se sospeche que quieren dar a luz en Estados Unidos.

Era un deseo de tiempo atrás de Trump: negar la ciudadanía por nacimiento que se planteó “seriamente” coincidiendo con las elecciones legislativas de 2018.

La idea viene de una teoría defendida por la ultraderecha más conservadora: los inmigrantes aprovechan la bendición de la decimocuarta enmienda de la Constitución, que da nacionalidad automática por nacimiento en territorio estadounidense. Algo “francamente ridículo” que sirve de “imán para la migración ilegal”, en palabras de Trump, como si fuera un pasaporte hacia la legalidad de la movilidad.

Para la Casa Blanca y las posiciones más conservadoras y retrógradas, es la génesis del fenómeno del “turismo de nacimiento”, que da pie al uso de algunos de los términos más denigrantes e insultantes para los migrantes, como “bebé ancla”: aquel niño que, gracias a su nacionalidad, patrocina la residencia legal de sus familiares.

Para Trump, hay migrantes de primera y segunda categoría. A los primeros les abre las puertas; a los segundos, se las cierra; una política que bajo el paraguas de la meritocracia esconde un plan contra aquellos con menos recursos y que, en su mayoría, no cumplen con el estereotipo cada vez menos acorde con la realidad del estadounidense blanco de origen europeo.

La negativa de viaje a las embarazadas de las que se tenga sospecha que quieren dar a luz no afectará a los 39 países que cuentan con la exención de visados turísticos: la mayoría de la Unión Europea, aliados asiáticos como Japón y Corea del Sur, o Australia. Sólo hay un país latinoamericano (Chile), y ninguno africano.

La normativa se escuda en asuntos de “seguridad nacional”. “La industria del turismo de nacimientos está plagada de actividad criminal, incluyendo estafas internacionales”, reza el decreto. Es cierto que la fiscalía de Estados Unidos ha perseguido y arrestado a varias bandas, la mayoría chinas y nigerianas, con negocios multimillonarios que ofrecían servicios a mujeres para que tuvieran hijos en este país.

Sin embargo, la proporción de estos casos con la cifra de nacimientos en todo el país es casi insignificante. Según el Centro de Estudios Migratorios (CIS, por sus siglas en inglés), organismo ultraconservador y propulsor de reducción de la migración, cada año nacen unos 33 mil niños en Estados Unidos fruto de este “turismo”, 0.87% de los 3.79 millones de nacimientos anuales.

La administración Trump va más allá, y ve en estos nacimientos una potencial amenaza, abriendo “vulnerabilidades a largo plazo en la seguridad nacional” en las que “gobiernos o entidades extranjeras” se puedan “beneficiar”, “permitiéndoles reclutar a ciudadanos que nacieron fruto del turismo de nacimientos pero educados en el exterior, sin lazos con Estados Unidos”. Una forma sutil de ligar migración con criminalidad o, incluso, terrorismo.

“El cambio es necesario para mejorar la seguridad pública y nacional, y la integridad de nuestro sistema migratorio”, dijo la portavoz presidencial, Stephanie Grisham.

La eficacia del plan está muy en entredicho, no sólo por los nacimientos que operan bajo este supuesto complot, sino porque el visado de turista en sí es improductivo para los efectos que busca: la mayoría de las veces se otorga para un periodo de 10 años, y la prueba sólo tendría en cuenta el momento exacto de la solicitud.

Será más un gesto simbólico que una política efectiva, un mensaje al mundo de que Washington quieren cerrarse a un tipo muy concreto de migrantes.

Hay muchas dudas y preocupaciones alarmantes, empezando por el hecho de que todo dependerá de la sospecha subjetiva del funcionario consular, que será suficiente para que se deniegue un visado. “Es absurdo que la administración Trump convierta sus empleados consulares en policías reproductivos. Las mujeres tendrán que ocultar sus embarazos sólo para conseguir un visado de turista”, se quejó Kerri Talbot, de la organización Immigration Hub.

Funcionarios del Departamento de Estado aseguraron que no a todas las mujeres solicitantes se les hará la pregunta de si está embarazada, no aclararon si será suficiente con detectar visualmente si está encinta ni dieron claves de cómo determinarán si otorga la visa bajo el nuevo memorándum.