“Esposan a embarazadas”; migrantes protestan por tratos inhumanos en EU
Cientos de indocumentados exigen condiciones dignas y la liberación; no han sido condenados por delitos penales: activista
Miami.— Desde el interior de Delaney Hall, en Nueva Jersey, el mensaje de los migrantes detenidos es contundente: no exigen mejores condiciones, exigen su libertad. En medio de huelgas de hambre, los testimonios denuncian un sistema de “crueldad” donde mujeres embarazadas son encadenadas y personas sin antecedentes penales son tratadas como criminales.
En el centro en Delaney Hall, administrado por GEO Group, entre 300 y 400 personas detenidas han sido vinculadas por familiares, activistas y testimonios internos a una huelga de hambre y a un paro laboral. “Reclaman comida digna, atención médica, ventilación, avances en sus casos y libertad”, dice la activista Laura Gómez a EL UNIVERSAL. Afuera del centro de detención, familiares, amigos, defensores y vecinos han sido amenazados, empujados, rociados con agentes químicos y enfrentados por agentes federales.
Desde dentro, los detenidos comenzaron a comunicarse con sus familias. Los migrantes detenidos han expresado con contundencia que “no estamos en huelga para exigir mejor trato y mejores condiciones; hacemos esto para exigir la libertad”. Esa declaración “cambia el sentido de la protesta; es una acusación política y humana contra un sistema que encierra a personas sin cargos y no condenadas por delitos penales”, subraya Gómez.
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Una carta de protesta atribuida a casi 300 personas detenidas, entre ellas más de 50 mujeres, indica que muchos tenían citas judiciales por atender, permisos de trabajo, reportes migratorios pendientes, familias en Estados Unidos y trámites abiertos. Escribieron: “Nos sentimos vulnerables y, en cierto modo, secuestrados”. También dijeron: “Vivimos con angustia y miedo de comparecer ante la corte”. Para estos migrantes detenidos, “el tribunal de migración ya no lo perciben como un lugar para defender su presencia aquí, sino como una puerta posible al arresto, al traslado, al aislamiento o a la deportación”, comenta la activista.
Uno de los detenidos liberado dijo a los medios: “No somos criminales, pero nos tratan como si lo fuéramos y de los peores”. En Delaney Hall, la protesta está unida a un paro laboral porque los detenidos también denuncian el trabajo interno barato en un centro que recibe dinero público.
Los familiares han asumido el papel de escuchar, verificar, documentar y presionar para hacer las denuncias públicas.
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Gabriela, esposa de Martín Soto, uno de los detenidos señalados como organizador de la huelga, dice a este medio que “sus demandas no son porque quieren tener mejores condiciones adentro o mejores tratos, sus demandas son porque quieren ser liberados y ser escuchados”. También denuncia que “quienes están ahí dentro son personas inocentes y la gran mayoría sin antecedentes penales”, y asegura que todos los días distintas familias reciben llamadas desde el centro. “Sin esas llamadas, sin esas vigilias y sin esos señalamientos, la huelga habría quedado encerrada entre esos muros”, dice Gómez.
El choque con las familias escaló cuando se denunciaron traslados de detenidos y cuando manifestantes intentaron impedir que vehículos salieran del centro. Soto relató que vio a su esposo golpeando la ventana de una camioneta y gritando: “¡Gaby! ¿Dónde está mi esposa Gaby? ¡Ayuda!”.
El congresista demócrata Jerry Nadler habló de porciones pequeñas y de comida contaminada “muy a menudo”. El representante Dan Goldman dijo que ninguna persona humana ni ningún estadounidense debería apoyar lo que estaba ocurriendo ahí.
El congresista Adriano Espaillat calificó las condiciones de “inhumanas” y lanzó una promesa política: “Vamos a cerrar este centro”.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo haber escuchado “historias de horror” y resumió la lógica del sistema: “La crueldad es el punto”.
El gobierno niega que haya una huelga de hambre, niega condiciones deficientes y asegura que los detenidos reciben comida, agua, ropa, camas, duchas, jabón, artículos de higiene, teléfonos, atención médica y acceso a abogados.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, minimizó las denuncias diciendo que “esto no es un Holiday Inn”.
El presidente Donald Trump defendió el centro y dijo que el gobierno administra “las mejores instalaciones” de ese tipo.
GEO Group sostiene que ofrece atención médica continua, recreación, visitas legales.
Al cuadro se suma la denuncia sobre mujeres migrantes bajo custodia de ICE. El País documentó casos de embarazadas, mujeres separadas de bebés lactantes, detenidas sin atención ginecológica adecuada, mujeres que sufrieron abortos espontáneos y personas que denunciaron miedo a reportar abusos por posibles represalias. Una mujer resumió su experiencia: “Es un infierno”.
Una de las mujeres entrevistadas, Diana Mogollón, relató a El País que a las detenidas sólo les permitían bañarse cada cinco días y que durante la menstruación debían insistir para ser sacadas del cuarto: “Tienes que pelear para que te saquen, para decir que tu ropa interior está manchada. Es muy incómodo”. Otras mujeres hablaron de madres lactantes sin acceso oportuno a sacaleches, de embarazadas sin atención obstétrica durante meses y de mujeres con embarazos de alto riesgo trasladadas durante horas sin cuidados adecuados.
La ACLU y otras organizaciones denunciaron que mujeres embarazadas han sido esposadas, aisladas, privadas de vitaminas prenatales, agua suficiente, alimentos adecuados e interpretación médica.
Las congresistas del Caucus Demócrata de Mujeres pidieron liberar a embarazadas, madres lactantes y mujeres en posparto.
El Pew Research Center halló que 64% se opone a mantener a grandes cantidades de inmigrantes en centros de detención mientras se resuelven sus casos.
“La raíz del problema es que las detenciones migratorias se presentan como un trámite administrativo, pero se vive como un castigo”, concluye la activista Gómez.
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