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Bruselas. La Comisión Europea propuso este miércoles retrasar más de un año la aplicación de una parte de la ley de inteligencia artificial, en concreto, las obligaciones que deberán cumplir los sistemas de alto riesgo para garantizar que su introducción en el mercado no vulnere los derechos fundamentales o ponga en riesgo vidas humanas.
La ley de inteligencia artificial, que entró en vigor el año pasado, define toda una serie de modelos de inteligencia artificial como sistemas de alto riesgo; por ejemplo, los que usen los bancos para calcular las probabilidades de devolución de un préstamo, los que utilicen las empresas para seleccionar curriculums en la contratación de personal o las herramientas para gestionar el tráfico de vehículos.
Los estándares técnicos que deberán cumplir estos modelos para respetar los derechos humanos, por ejemplo, evitando la discriminación de unas personas frente a otras, deberían empezarse a aplicar en agosto de 2026, pero Bruselas todavía no los ha diseñado, por lo que ahora propone retrasarlos, como máximo, hasta diciembre de 2027.
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La normativa prohíbe la comercialización de los sistemas de alto riesgo que supongan un peligro para las personas y la Comisión lleva tiempo trabajando en el diseño de los estándares con la industria y los países de la UE, pero hacerlo "nunca es fácil", aseguraron fuentes comunitarias.
El Ejecutivo comunitario se comprometió a publicar los estándares de aquí a diciembre de 2027 y mientras tanto, justificó el retraso en la aplicación de esta parte de la normativa para que las empresas tengan "seguridad jurídica" a la hora de cumplirla, en un sector tecnológico de rápida evolución.
La propuesta del Ejecutivo comunitario forma parte de una revisión más amplia de las leyes que regulan el sector tecnológico, con el argumento de que contribuye a reducir la carga burocrática para las empresas.
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La Comisión extendió también las facilidades que la ley de inteligencia artificial contempla para las pequeñas y medianas empresas y las compañías de mediana capitalización, simplificando la documentación que tienen que presentar, y aseguró que la medida permitirá ahorrar, al menos, 225 millones de euros al año.
"En la UE tenemos todos los ingredientes para el éxito. Tenemos talento, infraestructuras, un amplio mercado interior. Pero nuestras empresas, especialmente las empresas emergentes y pequeños comercios, a menudo se ven frenadas por una burocracia excesiva", dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen.
A diferencia de lo que se planteaba en borradores previos de la propuesta, la Comisión no ha pospuesto finalmente un año la imposición de posibles multas a los modelos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT (de OpenAI) o Gemini (de Google) que incumplan los requisitos de transparencia, como el de advertir a los usuarios si un contenido lo ha generado una máquina.
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Para que la revisión de las normas que hoy propuso el Ejecutivo comunitario salga adelante, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo deben dar su visto bueno y la izquierda ya ha anunciado su rechazo porque considera que Bruselas ha cedido a las presiones de la administración estadounidense de Donald Trump contra los intentos de la UE de regular a las tecnológicas.
ss/mcc
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