A un año de que el gobierno de inició sus ataques contra presuntas narcolanchas en el mar, las críticas crecen, mientras funcionarios de la administración reconocen que no se trata de la estrategia más eficaz en la lucha contra el tráfico de drogas.

De acuerdo con cifras de la administración, desde el 2 de septiembre de 2025 hasta el 2 de septiembre, se han realizado unos 68 ataques cinéticos contra 70 embarcaciones. En esos ataques han muerto al menos 227 personas a las que califica de “narcoterroristas”. “El mensaje a los narcoterroristas no ha cambiado: si traficas narcóticos ilícitos mortales y amenazas al pueblo estadounidense, te cazaremos, te encontraremos y te mataremos”, aseguró el secretario de Prensa del Pentágono en una declaración a medios.

En términos de impacto en el tráfico de drogas, un funcionario del gobierno estimó, en una conversación con periodistas, que la operación Southern Spear (Lanza del Sur) ha permitido incautar 347.9 toneladas métricas de cocaína en el año fiscal 2026, además de las 189 toneladas métricas incautadas por los países aliados.

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Para los cárteles de la droga, ha significado pérdidas en ingresos por 8 mil 800 millones de dólares en ese año fiscal. El mismo funcionario indicó que en el año fiscal 2025, los cárteles tuvieron pérdidas por 11 mil 500 millones de dólares debido a todos los decomisos realizados tras la toma de posesión de Trump, en enero de 2025.

Los expertos advierten que se trata de un resultado magro y que la estrategia está mal encaminada, considerando que la droga que se transporta por mar es, mayoritariamente, cocaína, mientras que el letal fentanilo, al que las autoridades estadounidenses atribuyen cientos de miles de muertes, se transporta vía terrestre.

La administración ha reconocido que ataques cinéticos en el mar no son la mejor estrategia. En marzo, el general del Cuerpo de Marines Francis Donovan, comandante del Comando Sur, dijo en una comparecencia ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado que “los ataques cinéticos serán una de las muchas herramientas, y probablemente no la más eficaz”, en la guerra contra el narcotráfico.

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Presionado sobre el impacto real de estos ataques en las operaciones de los cárteles, Donovan dijo que no podía proporcionar “indicadores de eficacia”, pero que “de cara al futuro, los ataques a embarcaciones no son la solución”.

Más allá de la eficacia, expertos de la ONU han denunciado estos ataques como “ejecuciones extrajudiciales”. Activistas, ONG y demócratas exigen a Trump rendición de cuentas, al subrayar que la única medida de éxito de las operaciones la da el gobierno, sin presentar pruebas de que las embarcaciones estén traficando drogas, sin identificar a las personas que fallecen ni probar tampoco que se trata de capos de la droga.

“Bajo el presidente Trump, el ejército de Estados Unidos ha realizado 69 ataques ilegales desde el 2 de septiembre de 2025, bajo una campaña más amplia que, según afirma la administración, busca frenar el tráfico de drogas en el Hemisferio Occidental. Pero matar gente en el mar sin juicio, sin importar su presunto involucramiento en actividad criminal, es una violación de las leyes internacionales”, afirmó Human Rights Watch (HRW).

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“La administración Trump ha ejecutado sumariamente a más de 200 personas en el último año, presumiendo estos asesinatos en línea sin rendir cuentas”, dijo Ida Sawyer, directora de Crisis, Conflictos y Armas de HRW. “Las víctimas y sus seres queridos merecen un informe completo sobre estas operaciones y justicia por el grave daño que han sufrido”. Familias de pescadores han denunciado que en estas operaciones ha muerto gente inocente. El gobierno alega que no es así, pero en un año, no ha dado elementos de prueba de sus dichos.

La administración ha ido más allá, con el establecimiento, en marzo pasado, del Escudo de las Américas, una alianza con gobiernos de países latinoamericanos para luchar contra el narco: ha realizado operaciones conjuntas contra supuestos narcotraficantes con países como Ecuador. Sin embargo, las operaciones han sido cuestionadas y medios como The New York Times han indicado que lo que EU y Ecuador anunciaron como una operación contra las drogas en realidad fue un ataque contra una granja lechera.

“El gobierno ha utilizado las designaciones de terrorismo y las facultades antiterroristas como arma para justificar esta fuerza letal, con la evidente intención de convertir la lucha contra el terrorismo en un mandato indefinido, libre de las garantías procesales, la autorización del Congreso o una revisión judicial significativa. Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, de veteranos y religiosas que firmamos a continuación, le escribimos en este vergonzoso aniversario para instar a que el Congreso se oponga enérgicamente a esta ola de asesinatos inmorales e ilegales financiados por los contribuyentes estadounidenses. Le instamos a que retire los fondos y detenga estas ejecuciones extrajudiciales, y a que priorice la investigación y el avance de la rendición de cuentas por ellas en este y en futuros Congresos. Estos ataques son ejecuciones extrajudiciales, una forma de asesinato”, señalaron activistas, incluyendo la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, en una carta dirigida a los presidentes y miembros de mayor rango de las comisiones de Asignaciones, Fuerzas Armadas, Asuntos Exteriores y Relaciones Internacionales, Poder Judicial e Inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado de EU.

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió en octubre de 2025 que se realicen investigaciones independientes y tres expertos del organismo firmaron una declaración en noviembre con una exigencia similar. Hasta ahora, no ha ocurrido.

También hay críticas al interior de EU. El senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, quien revisó documentos clasificados relacionados con esta campaña de ataques, advirtió de excesos. “Una revisión cuidadosa de la evidencia disponible sugiere que EU ha matado a personas que no están involucradas en el narcotráfico”, escribió Kaine en una carta del 3 de agosto dirigida a Trump. “Son víctimas de asesinato”.

Brian Finucane, exabogado asesor del Departamento de Estado durante la administración de Barack Obama y en el primer mandato de Trump, dijo a ABC News que el memorándum que autoriza este tipo de operaciones a las fuerzas de EU no es sino “una carta de libertad para que el ejército se sienta cómodo llevando a cabo asesinatos premeditados y al margen de la ley”, sin tener que “preocuparse demasiado por que el personal de servicio vaya a enfrentarse a un proceso penal”.

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