Estados Unidos es un país donde algunos asuntos causan polarización y dan razón de ser a los partidos políticos, el Republicano y el Demócrata, que defienden posturas opuestas sobre temas controversiales. Y no hay un tema que agite más las emociones que el aborto. Ayer, la mayoría de los magistrados, de perfil conservador, derogaron la jurisprudencia Roe Vs. Wade que garantizaba el derecho federal a practicarse un aborto. Esta decisión destruye un derecho que las mujeres tuvieron por casi medio siglo.

La opinión de la mayoría describió como “excepcionalmente débil” el fundamento que otorgó antes este derecho. Ahora, la nueva jurisprudencia da total capacidad a las legislaturas estatales para regular el acceso o la prohibición a estos procedimientos. Así mismo, se aclaró que esta opinión legal es válida únicamente sobre este tema, y que no deberá aplicarse en otros asuntos -es decir, que no se utilice para cancelar derechos como el matrimonio entre personas del mismo sexo o el acceso a métodos de planificación familiar.

Ahora que los estados tienen todo el poder sobre el aborto se puede ver que muchas entidades están muy activas pues en casi la mitad de la Unión Americana hay legislaciones listas a entrar en vigor que prohíben parcialmente, o por completo, practicarse un aborto. En algunos casos se continuará permitiendo el procedimiento cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto. Pero hay casos radicales, como ocurre en Kentucky. Una legislación aprobada en esa entidad no sólo busca evitar que sus residentes se practiquen un aborto, además, instruye extraditar a personas que hayan suministrado píldoras abortivas a sus residentes aún fuera de esa entidad. Esto es ilegal e impráctico porque se intenta sancionar a gente más allá del territorio de Kentucky.

La nueva máxima “que cada quien haga lo que quiera” anticipa un caos legislativo, con batallas cada vez que surja una nueva mayoría parlamentaria estatal, así como una cascada de juicios ante las cortes cuando se considere que una legislación sobre el aborto no respeta coma-por-coma la jurisprudencia emitida ayer por la Suprema Corte.

Así mismo, no es difícil imaginar que el tema se usará más que nunca con fines políticos, convirtiéndose en el botón que agite los ánimos cuando los políticos busquen un cargo de elección popular. Por lo pronto, el anuncio de la Suprema Corte ya desató protestas en todo el país, y los políticos, conservadores y liberales, ya arengan los eventos recientes para movilizar a sus bases para votar en la elección intermedia de noviembre, donde se renovará a una buena parte del Congreso.

Pero más allá de la relación simbiótica entre la política y el cinismo, recordemos que son las mujeres pobres y con poca educación quienes pagarán las consecuencias de la cancelación de la protección federal sobre el aborto. Estas personas no podrán ejercer su derecho a procrear o no hacerlo si carecen de la información o de los recursos para detener su embarazo en otro estado, si así lo requieren. A pesar de que estadísticamente menos mujeres se embarazan en Estados Unidos, entre 2017 y 2020 hubo un aumento del 8 por ciento en los abortos practicados en la nación. Esta cifra adelanta el sufrimiento humano que viene.

“Las jovencitas llegarán a ser adultas con menos derechos de los que tuvieron sus madres y sus abuelas”, dijeron los magistrados disidentes-minoritarios en la Suprema Corte. En efecto, este es el Estados Unidos que tenemos en el año 2022.

Periodista. @ARLOpinion

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