Bruselas.— Los niños y adolescentes que cometen ofensa criminal enfrentan generalmente la justicia juvenil en países de la Unión Europea (UE) tomando en consideración que el cerebro del menor está en desarrollo y no siempre se puede esperar que comprendan la severidad de sus acciones.
Con excepciones como Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, que penalizan a partir de los 10 años, la justicia juvenil se aplica a los niños entre los 12 y 18 años y suele caracterizarse por tener un fuerte enfoque pedagógico e imponer penas menores en comparación con los adultos. Sin embargo, ante el aumento de la participación delictiva de los menores y la severidad de los delitos en los que se están involucrando, hay voces que exigen reducir la edad de responsabilidad criminal y un castigo mayor al previsto por la edad, es decir, piden invocar a edades más tempranas la ley penal que se aplica a los adultos para los casos más severos.
Suecia, que enfrenta una ola de delitos asociados a redes dedicadas al tráfico de drogas, el fraude a gran escala y robos con violencia, propuso en junio reducir la edad de responsabilidad penal ante delitos graves. El proyecto presentado por el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, propone reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 14 años, aunque el borrador inicial pedía que fuera a partir de los 13 años.

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Strömmer alega que, sólo el año pasado, 52 menores se vieron implicados en procesos judiciales por presunto asesinato o intento de asesinato. El antídoto que propone es bajar la edad, aplicar penas de prisión más largas y ampliar las competencias policiales. Por lo pronto, a partir del 1 de julio, estaba prevista la entrada en operación de las primeras unidades especiales para menores de entre 15 y 17 años en centros penitenciarios.
Las denominadas “prisiones juveniles” tienen como objetivo sustituir los centros residenciales especiales para menores operados por la Junta Nacional de Atención Institucional sin la rigidez y disciplina de un sistema penitenciario.
En la UE y sus vecinos, como el Reino Unido, Suiza, Noruega y Turquía, no hay una normativa universal sobre la edad mínima de responsabilidad penal. Los archivos de Child Rights International Network, organización con sede en Londres, reportan que en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte los menores pueden ser considerados responsables de delitos penales a partir de los 10 años; en Irlanda, niños de 10 y 11 años pueden ser considerados penalmente responsables de asesinato, homicidio involuntario, violación o agresión sexual con agravantes.
En Bélgica, Holanda y Turquía el código penal se aplica desde los 12 años. Hungría castiga a partir de los 12 años por homicidio, agresión, robo y saqueo, siempre que el menor tenga la capacidad de comprender la naturaleza y las consecuencias de su acto. En Grecia, los menores de entre ocho y 13 años no pueden ser considerados penalmente responsables de un delito, pero sí pueden ser objeto de medidas educativas o terapéuticas por actos que, de ser cometidos por una persona mayor, constituirían delitos penales.
En Alemania, Italia, Malta, España, Estonia, Letonia y Lituania, los menores de 14 años no pueden ser considerados penalmente responsables; en Dinamarca y Fin- landia, a partir de los 15 años; en Luxemburgo y Portugal, desde los 16 años, y en Polonia a los 17 años, aunque penaliza desde los 15 años si implica un ataque al presidente, homicidio o un desastre que ponga en riesgo vidas humanas.
En Francia no existe una edad mínima absoluta a partir de la cual los menores pueden ser considerados penalmente responsables. Las personas menores de 18 años “capaces de comprender lo que hacen” son penalmente responsables de los delitos graves. La normativa considera que un menor tiene “capacidad de discernimiento” entre los ocho y los 10 años.
El 21 de enero, el debate sobre la edad de responsabilidad criminal llegó a Londres, a la Cámara de los Comunes. La laborista Alison Frances Josephine Levitt dijo que la legislación vigente tiene como objetivo evitar que los menores que han cometido delitos reincidan y ayudarles a llevar una vida feliz, útil y productiva.
“Fijar la edad de responsabilidad penal en los 10 años permite al sistema judicial intervenir de forma temprana con algunos menores, lo que puede contribuir a prevenir futuros delitos. A los menores se les trata de forma diferente, porque son juzgados por tribunales de menores y se les imponen condenas distintas a las de los delincuentes adultos”.
A la pregunta de la legisladora Sharmishta Chakrabarti de si no sería más adecuado un sistema de protección de la infancia reforzado, en lugar de un sistema judicial para niños de 10 años, Levitt recurrió al ejemplo sueco, que tiene un Estado de bienestar próspero, pero que está considerando reducir la edad de responsabilidad penal.
El independiente James Meston contraatacó con el caso de Escocia, que elevó en 2019 la edad mínima de los 10 a los 12 años para proteger a los niños más pequeños de una criminalización precoz y de la exposición al sistema de justicia penal.
En 2024, de todos los niños entre 10 y 14 años que estuvieron en contacto con la ley, 13% fueron sentenciados y de ellos 23% resultaron en custodia. “El gobierno considera que esta es la forma correcta de abordar la cuestión”, insistió Levitt. “Quizá le sorprenda saber que en Rusia es de 16 años, salvo en el caso de delitos muy graves, en los que es de 14 años; y en China es de 16 años, salvo en el caso de delitos muy graves. ¿Puede el gobierno, al menos, comprometerse a examinar los datos y considerar si ha llegado el momento de elevar la edad de responsabilidad penal?”, reviró el independiente Ian Duncan Burnett.
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Mans Molander, del programa para los países nórdicos de Human Rights Watch, afirma que los niños víctimas de la violencia criminal merecen seguridad, rendición de cuentas y apoyo, no una reducción de la edad de responsabilidad penal. “Se corre el riesgo de arrastrar a los niños al sistema de justicia penal precisamente en la edad en la que más se necesitan respuestas multidisciplinarias y centradas en el niño”, dice.
“La adolescencia es un periodo de rápido desarrollo cerebral, en el que los jóvenes aún están desarrollando el control de los impulsos, la capacidad de evaluar los riesgos y la resistencia a la presión ejercida por sus compañeros y los adultos (...) También son especialmente capaces de cambiar”, explica.
El gobierno, advierte, no puede argumentar falta de alternativas, puesto que 18 grupos de la sociedad civil han presentado alrededor de un centenar de opciones al encarcelamiento de los niños.
Ante la propuesta lanzada por el legislador holandés liberal Ruud Verkuijlen de que sea la norma y no la excepción el castigo con apego al derecho penal para adultos a los jóvenes de 16 y 17 años que cometan ciertos delitos, la profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho Erasmus Róterdam, Jolande uit Beijerse, señala: “Castigar a los menores como si fueran adultos no es la solución”.
“Es innecesario y contraproducente. Tampoco supone solución al problema de los chicos que deambulan por las calles con cuchillos o que son reclutados para realizar tareas para el crimen organizado (...) Estos jóvenes no proceden de barrios pobres por casualidad. Son jóvenes que se sienten excluidos, que en gran medida crecen en la calle y que carecen de modelos positivos a seguir”.
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