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Washington. La Corte Suprema, en una decisión muy dividida, rechazó el miércoles un intento de la administración Trump de reprender a un juez federal que impuso un plazo rápido para liberar miles de millones de dólares en ayuda extranjera.
Con una votación de cinco contra cuatro, la corte ordenó al juez Amir Ali que aclarara su orden anterior que requería a la administración republicana liberar casi 2 mil millones en ayuda por trabajos que ya se habían realizado.
Aunque el resultado es una pérdida a corto plazo para la administración del presidente Donald Trump, los grupos sin fines de lucro y las empresas que demandaron aún están esperando el dinero que se les debe. Una de las organizaciones se vio obligada la semana pasada a despedir a 110 empleados como resultado, según documentos judiciales.
El juez Samuel Alito lideró a cuatro jueces conservadores en disidencia, afirmando que Ali carece de la autoridad para ordenar los pagos. Alito escribió que está sorprendido de que la corte esté recompensando “un acto de arrogancia judicial e imponga una multa de dos mil millones a los contribuyentes estadounidenses”.
La acción de la corte mantiene en vigor la orden de restricción temporal de Ali que había pausado la congelación del gasto; Ali está celebrando una audiencia el jueves para considerar una pausa más duradera.
La mayoría señaló que la administración no había impugnado la orden inicial de Ali, solo el plazo, que de todos modos venció la semana pasada.
La corte pidió a Ali “aclarar qué obligaciones debe cumplir el gobierno para garantizar el cumplimiento de la orden de restricción temporal, teniendo en cuenta la viabilidad de cualquier cronograma de cumplimiento”.
El presidente de la corte, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett, dos conservadores, se unieron a los tres jueces liberales para formar una mayoría.
Los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh se unieron a la disidencia de Alito.
La administración Trump ha argumentado que la situación ha cambiado porque ha reemplazado una congelación de gastos general por determinaciones individualizadas que llevaron a la cancelación de 5 mil 800 contratos de la Agencia para el Desarrollo Internacional y otros 4 mil 100 subvenciones del Departamento de Estado, totalizando casi 60 mil millones en ayuda.
El gobierno federal congeló la ayuda extranjera tras una orden ejecutiva de Trump que apuntaba a lo que él llamó programas derrochadores que no corresponden a sus objetivos de política exterior.
La demanda subsiguiente alega que la pausa infringe la ley federal y ha cerrado la financiación incluso para los programas de salvamento de vidas más urgentes en el extranjero.
Ali ordenó la restauración temporal de la financiación el 13 de febrero, pero casi dos semanas después encontró que el gobierno no mostraba señales de cumplir y estableció un plazo para liberar el pago por trabajos ya completados.
La administración apeló, calificando la orden de Ali como “increíblemente intrusiva y profundamente errónea” y protestando por el cronograma para liberar el dinero.
ss/mcc
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