Buenos Aires. El jefe de Administración Financiera de la Armada argentina, Carlos Alberto Castro Maggio, denunció ante la Justicia irregularidades en el pago de salarios a favor de 23 personas, cuatro de ellas que no pertenecían a esta fuerza, por unos 981 millones de pesos (unos 639 mil 100 dólares).
El escrito, al que accedió este miércoles EFE, señala que "entre julio de 2022 y enero de 2026, se efectuaron 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas, por importes superiores a los que les correspondían conforme a sus respectivas liquidaciones y/o sin respaldo en haberes legítimamente liquidados".
Según la denuncia, las operaciones fueron detectadas en una revisión interna llevada a cabo en febrero pasado, cuando se descubrió que los movimientos no respondían a simples errores administrativos, sino a modificaciones posteriores de los archivos utilizados para ordenar los pagos bancarios.

Los pagos se realizaban después de los controles ordinarios y antes de la transmisión definitiva al banco, por lo que el denunciante solicita a la Justicia que investigue las circunstancias y responsabilidades penales.
Entre las 23 personas que habrían recibido pagos indebidos hay militares en actividad y retiro, personal civil y cuatro personas sin vinculación laboral con la Armada. Éstas últimas recibieron 184 acreditaciones por un total de 434.2 millones de pesos (unos 283 mil dólares).
La principal beneficiaria fue María del Carmen Prieto, con 46 acreditaciones por 152.3 millones de pesos (cerca de 99 mil 218 dólares), esposa de Ariel Baltasar Atanasoff, el encargado de supervisar y controlar de manera directa la liquidación de sueldos.
De acuerdo con la denuncia, Atanasoff reconoció "conocer las operaciones y manifestó que las acreditaciones se realizaban manualmente". También que "era él quien decidía las operaciones, sus beneficiarios y los importes involucrados", y que las ejecutaba personalmente.
El documento aclara que los beneficiarios restituyeron total o parcialmente las sumas recibidas.
Las devoluciones verificadas ascienden a 42,6 millones de pesos (unos 27 mil 700 dólares), por lo que la diferencia pendiente se sitúa en 938,6 millones de pesos (611 mil 400 dólares).
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ss/mcc