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La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de apelaciones inició este jueves las vistas para analizar la legalidad de muchos de los aranceles impuestos por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su retorno al poder este año.
Los 11 magistrados de la corte escucharon durante hora y media las posturas que defienden respectivamente el Ejecutivo y dos pequeñas empresas que argumentan que es ilegal lo que hizo el republicano: invocar la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales para implementar los "aranceles recíprocos" anunciados el pasado el 2 de abril y también otros aplicados a China, México y Canadá.
Durante la sesión, la defensa de los demandantes insistió en que la mencionada ley no otorga a un presidente la autoridad para fijar aranceles y argumentaron que Trump usurpó poderes del Congreso para fijar impuestos aduaneros.
Hasta ahora, el presidente Trump se ha salido con la suya en materia comercial tras presionar a la Unión Europea, Japón y otros socios para que acepten impuestos que antes eran impensablemente altos a sus exportaciones a Estados Unidos.
Pero su reforma radical de la política comercial estadounidense, en la que eludió al Congreso para imponer aranceles elevados a la mayoría de las economías del mundo, no ha quedado exenta de cuestionamientos. Enfrenta al menos siete demandas que lo acusan de excederse en su autoridad. Los demandantes exigen que se desestimen sus aranceles más grandes y atrevidos.
Ya ganaron la primera ronda
En mayo, un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, un tribunal federal especializado de Nueva York, dictaminó que el mandatario se extralimitó en sus facultades cuando declaró una emergencia nacional para imponer gravámenes a las importaciones de casi todos los países del mundo. Para llegar a su fallo, el tribunal combinó en un solo caso dos impugnaciones: una presentada por cinco empresas y otra por 12 estados de Estados Unidos.
Trump es un fanático declarado de los aranceles. Considera los impuestos a la importación como una herramienta económica multiusos que puede traer la manufactura de regreso a Estados Unidos, proteger a las industrias estadounidenses, recaudar fondos para financiar los enormes recortes fiscales de su “gran y hermoso proyecto de ley”, presionar a los países para que se sometan a su voluntad e incluso poner fin a guerras.
La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la facultad de imponer gravámenes, incluidos los aranceles.
Pero los legisladores han cedido gradualmente a la Casa Blanca el poder sobre la política comercial. Y Trump ha aprovechado al máximo este vacío de poder al elevar el arancel promedio estadounidense a más del 18%, el nivel más alto desde 1934, según el Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale.
Los demandantes argumentan que las leyes de poderes de emergencia no autorizan el uso de aranceles. También señalan que el déficit comercial difícilmente cumple con la definición de amenaza “inusual y extraordinaria” que justificaría la declaración de emergencia en virtud de la ley.
Después de todo, Estados Unidos ha registrado déficits comerciales —resultado de que compra más a países extranjeros de lo que les vende— durante 49 años consecutivos, tanto en épocas buenas como en malas.
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El gobierno de Trump argumenta que los tribunales aprobaron el uso de aranceles de emergencia por parte del presidente Richard Nixon durante la crisis económica de 1971. El gobierno de Nixon invocó con éxito su autoridad de conformidad con la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que precedió y proporcionó parte de la jerga legal utilizada en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
mcc
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