San José

.- Autoridades de Costa Rica allanaron este lunes la y varios organismos estatales, y detuvieron al menos a dos dueños de firmas constructoras, en una operación para desmantelar una supuesta red de pago de sobornos a cambio de obras públicas; se estarían investigando presuntos favores sexuales, dinero y regalo de vehículos como sobornos.

Durante la operación, liderada por el Organismo de Investigación Judicial ( OIJ ), que depende de la Fiscalía, se realizaron 57 allanamientos, tanto a entidades públicas como a domicilios particulares. Se presume que la red malversó entre 2018 y 2020 el equivalente a unos 125 millones de dólares.

“Identificamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías y pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos patrocinados por empresas privadas (...) Incluso, había un sistema de intermediación entre empresas privadas y funcionarios que permitía la entrega de sobornos y el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos”, expuso el director del OIJ , Wálter Espinoza.

En el transcurso de la mañana, según información oficial del OIJ , se han detenido 28 sospechosos, entre ellos dos de los dueños de las constructoras más importantes del país.

La policía ingresó a 14 instituciones públicas, entre ellas la Casa Presidencial, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Transporte Público (CTP), entre otros, a múltiples oficinas de empresas privadas, además de a 21 casas de personas vinculadas a la presunta red.

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“Hubo una denuncia hacia un grupo de funcionarios públicos que irregularmente favorecían a algunas empresas y que lo hacían para obtener beneficios en el ámbito de mantenimiento desarrollo y construcción de carreteras”, apuntó Espinoza.

“Esas empresas tenían monopolio de adjudicaciones y licitaciones públicas porque contaban con un apoyo de funcionarios que daban beneficios irregulares”, añadió el jefe de la OIJ . Entre los favores se incluyen autos, terrenos, dinero en efectivo, entre otros.

Los delitos que se investigan son peculado, cohecho, falsedad ideológica, malversación de fondos y tráfico de influencias.

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Al respecto, Casa Presidencial envió un comunicado señalando que está cooperando con todas las diligencias judiciales, ya que reiteran que “la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas".

Esta es la segunda ocasión en que la es allanada. En febrero de 2020, las autoridades ingresaron a sus ambientes como parte de las investigaciones sobre el posible acceso ilegal a información sensible de la población a través de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

agv

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