El director general del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México, Jorge Esquinca, aseguró que derivado de las reformas al Código Penal en 2024, que castigan hasta con 12 años de prisión a quien quebrante sellos, los remitidos al Ministerio Público (MP) por este delito aumentaron casi siete veces en 2025.
Detalló que en 2024 se detuvieron y pusieron a disposición de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) a 21 dueños de establecimientos mercantiles y encargados de obras; mientras que el año pasado fueron 131.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario explicó que, de este total, 70% fueron detenidos por quebrantar sellos en establecimientos mercantiles, principalmente ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan e Iztacalco; y el restante 30% en obras situadas mayormente en Cuauhtémoc y Coyoacán.

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“A partir de lo que fue el año pasado comenzamos a realizar remisiones, recordar que a partir de 2024, a finales, las leyes endurecieron un poquito en este sentido, y entonces es como comienza a ser más doloroso el tema de que un quebrantamiento de sellos se traslade al Ministerio Público y se les fije una fianza, y muchos de ellos terminan en el reclusorio”, dijo el titular del Invea.
El 4 de octubre de 2024 entraron en vigor unas modificaciones al artículo 286 del Código Penal para el Distrito Federal, que establece sanciones de dos a siete años de prisión por alterar o violar sellos y de seis a 12 años para propietarios, responsables o representantes que permitan que se realicen actividades en un establecimiento con sellos previamente colocados.
Jorge Esquinca aseguró que este endurecimiento ha provocado este aumento, pues antes quebrantar sellos era únicamente un tema administrativo, que terminaba en el pago de una multa y unas horas de detención.
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“Ahora se endurecieron y pues, bueno, es cuando nosotros realizamos con el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el aseguramiento de las personas y las remitimos al Ministerio Público”, señaló.
El director general del Invea destacó que en la mayoría de los casos, los dueños, propietarios o representantes de los establecimientos mercantiles u obras son víctimas de engaños por parte de personas que se dedican al coyotaje.
“Colocamos los sellos y de pronto llegan abogados, ya sea que se anuncian por redes sociales o que dicen ser abogados y le dicen a la gente: ‘Oye, yo te arreglo tu problema si me das cierta cantidad de dinero; trabajo en el Invea o conozco al director del Invea’. Entonces les dan la cantidad de dinero y les retiran los sellos, pero es una ilegalidad”, comentó.
Jorge Esquinca agregó que, al realizarse las detenciones, los dueños buscan a los supuestos coyotes y ya no les contestan el teléfono, y los detenidos son los encargados o representantes de los negocios y obras, ya que ellos son quienes vuelven a operar.
En una solicitud vía transparencia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que, en 2025, 86 personas fueron vinculadas a proceso por el delito de quebrantamiento de sellos.
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