Diputada panista pide construir política seria para prevenir suicidios en CDMX; hay 5.3 por cada 100 mil habitantes

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, la diputada local del PAN, Lizzette Salgado, llamó a construir en la Ciudad de México una política seria y permanente de prevención, que atienda la salud mental, fortalezca la detección temprana y garantice atención profesional y seguimiento a las personas que enfrentan situaciones de riesgo.

Refirió que, de acuerdo con el Inegi, durante 2024 se registraron en México ocho mil 856 defunciones por suicidio entre personas de 10 años y más. La problemática tiene una incidencia particularmente importante entre jóvenes: el grupo de 15 a 29 años registró una tasa de 10.2 suicidios por cada 100 mil habitantes.

En la Ciudad de México, la tasa bruta de suicidios durante ese mismo año fue de 5.3 por cada 100 mil habitantes. Aunque se encuentra por debajo de la media nacional de 6.9, Salgado advirtió que ello no significa que el problema sea menor ni que pueda dejar de ser una prioridad de salud pública.

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“Detrás de cada caso hay una historia: una hija o un hijo que dejó de hablar, un amigo que comenzó a aislarse, alguien que enfrentó ansiedad, depresión, soledad o una situación que sintió que ya no podía enfrentar. Por eso, hablar de prevención del suicidio es hablar también de salud mental”, señaló.

La legisladora del PAN consideró indispensable eliminar el estigma, los prejuicios y la carga de culpa que todavía acompañan a los problemas de salud mental y al suicidio, tanto para quien atraviesa una situación de riesgo como para sus familias.

“No necesitamos juzgar. Necesitamos comprender, escuchar y acompañar. Quien enfrenta un problema de salud mental necesita poder hablar sin vergüenza y pedir ayuda sin miedo. Y las familias necesitan orientación, acompañamiento y apoyo profesional”, sostuvo.

Lizzette Salgado subrayó, sin embargo, que la prevención no puede convertirse exclusivamente en una responsabilidad de las personas o de sus familias, pues existe una obligación clara de las instituciones públicas para generar condiciones que permitan detectar riesgos y brindar atención oportuna.

“No basta decirle a una persona ‘pide ayuda’. Cuando alguien encuentra la fuerza para hacerlo, tiene que encontrar dónde recibirla. Y eso obliga al Estado a crear políticas públicas, abrir espacios de atención, contar con personal suficiente y asignar los recursos necesarios”, afirmó.

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Recordó que existen brechas documentadas en los servicios de salud mental de la ciudad, entre ellas problemas de cobertura, distribución desigual de servicios, disponibilidad de personal especializado y dificultades para acceder oportunamente a la atención.

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