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La diputada local de Morena María Guadalupe Espinosa de los Monteros propuso castigar con hasta seis años de prisión el acecho hacia las mujeres en la Ciudad de México.
Su propuesta plantea que el acecho, es decir, los actos de vigilancia, seguimiento, persecución, control, comunicación insistente o cualquier conducta análoga, por cualquier medio, sin consentimiento, sea un delito en el Código Penal y se castigue con una pena de uno a cuatro años de prisión y de 100 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Esta pena se incrementará, hasta en una mitad, cuando la víctima sea mujer y el hecho se cometa por razones de género; cuando exista o haya existido relación afectiva, familiar, laboral, docente o de confianza entre la persona agresora y la víctima; cuando la víctima sea persona menor de edad, persona con discapacidad o se encuentre en situación de vulnerabilidad; cuando se utilicen tecnologías de la información, redes sociales, dispositivos de geolocalización, vigilancia digital o herramientas de inteligencia artificial; y cuando existan antecedentes de violencia familiar, sexual, amenazas u otros actos de violencia previos contra la víctima.
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Durante la exposición de esta iniciativa, la legisladora recordó que esta conducta, que genera miedo e incertidumbre, no está tipificada de manera autónoma, aunque pueda ser el inicio de una escalada de violencia.
“El acecho no es una instancia romántica, no es un interés legítimo, y no es coincidencia reiterada, es una forma de violencia, es la conducta persistente de quien vigila, de quien sigue, controla, espera, monitorea, llama, escribe, observa y no se detiene, aun cuando no existe consentimiento. Esa conducta que genera miedo constante, ansiedad permanente y altera profundamente la vida cotidiana de quien la padece”, indicó.
Recalcó que esta iniciativa no surge de manera aislada, pues en el ámbito federal la Cámara de Diputados aprobó recientemente la tipificación del acecho en el Congreso de la Unión, reconociendo formalmente que esta conducta debe ser sancionada y atendida como una forma específica de violencia. Además, los congresos del Estado de México y Tamaulipas también han avanzado en esta materia. “La Ciudad de México no puede quedar rezagada”.
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