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La diputada local del PAN Olivia Garza exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar la posible responsabilidad de autoridades penitenciarias tras la muerte de seis mujeres privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, ocurridas en un periodo de apenas 90 días.
La legisladora informó que presentó una denuncia de hechos para que se esclarezcan los fallecimientos de Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura, ocurridos entre el 12 de marzo y el 12 de junio de 2026.
“Seis mujeres muertas en tres meses dentro de un penal no puede verse como una estadística más. No es normal, no puede normalizarse y alguien tiene que responder por lo que está pasando en Santa Martha Acatitla”, señaló.
"Seis mujeres muertas en tres meses dentro de un penal no puede verse como una estadística más", mencionó la diputada local. Foto: Captura de Google Maps
Olivia Garza advirtió que, en el caso de Diana Laura, se encontraba a días de recuperar su libertad; sin embargo, fue hallada sin vida en la zona conocida como el Módulo.
En este caso, las autoridades penitenciarias reportaron su fallecimiento como un suicidio, situación que deberá investigarse a fondo para descartar omisiones, negligencias o responsabilidades institucionales, según la panista.
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“La puerta de una celda no cancela los derechos humanos. Cuando una persona está privada de la libertad, el Estado tiene la obligación absoluta de proteger su seguridad, su integridad y su vida”, sostuvo.
La diputada lamentó que, pese a la gravedad de los hechos, el centro penitenciario continúe operando como si se tratara de acontecimientos aislados. Foto: Especial.
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La diputada lamentó que, pese a la gravedad de los hechos, el centro penitenciario continúe operando como si se tratara de acontecimientos aislados y sin que hasta el momento exista una explicación clara sobre lo ocurrido.
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Indicó que las autoridades no pueden guardar silencio frente a una cadena de muertes dentro de un espacio que se encuentra completamente bajo control del Gobierno, por lo que pidió una investigación seria que determine si existieron fallas en protocolos, supervisión, atención médica o vigilancia.
“Santa Martha Acatitla no puede convertirse en un lugar donde las mujeres entran bajo custodia del Estado y salen sin vida. La autoridad debe explicar qué pasó, quién falló y qué se hará para que no vuelva a ocurrir”, concluyó.
vr/cr
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