Metrópoli

Aplazan hasta abril de 2027, entrada en vigor de segunda y tercera etapa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en CDMX

"Se trata de una propuesta que permitirá continuar con la prestación de servicios de justicia de calidad", mencionó el diputado Alberto Martínez Urincho

El diputado Alberto Martínez Urincho precisó que se contempla la adecuación en las fechas para la entrada en vigor de diversos procedimientos en materia civil y familiar. Foto: Especial
26/05/2026 |16:20
Omar Díaz
Reportero de la sección MetrópoliVer perfil

El pleno del modificó la entrada en vigor de la segunda y tercera etapa del en la Ciudad de México, que estaban programadas para el 1 de junio y el 15 de noviembre de este año, respectivamente.





Por unanimidad, y a propuesta del presidente del Poder Judicial local, , las y los diputados avalaron que mencionadas etapas entren en vigor hasta el 1 de abril de 2027.

“En consecuencia, la propuesta pretende prorrogar las fechas de aplicación de la segunda y tercera fase de implementación en las materias civil y familiar, hasta la fecha máxima de 1 de abril de 2027, con el fin de tener toda la oportunidad que permita realizar ajustes, respetando los derechos de la base trabajadora y garantizando el acceso de la justicia, la solución de los conflictos y la tutela jurisdiccional efectiva”, señala el dictamen votado a favor por unanimidad.

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Al fundamentar la propuesta, el diputado Alberto Martínez Urincho precisó que se contempla la adecuación en las fechas para la entrada en vigor de diversos procedimientos en materia civil y familiar, entre ellos, los relacionados a los juicios especiales hipotecarios, arrendamiento inmobiliario, jurisdicción voluntaria, procedimientos ejecutivos civiles orales, controversias ordinarias civiles, asuntos sucesorios, y mecanismos de justicia restaurativa.

“En la Comisión de Justicia hemos constatado que las modificaciones buscan optimizar el despliegue del Código Nacional, especialmente en sus ámbitos de justicia oral y digital. Se trata de una propuesta que permitirá continuar con la prestación de servicios de justicia de calidad, garantizando al mismo tiempo su modernización en un respeto y restricto a los derechos humanos de todas las personas”, aseveró.

vr/cr

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