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La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama (FAH) advirtió que cualquier intento por devolver a los animales al llamado "Refugio Franciscano", como se pretende realizar, constituiría un desacato a resoluciones judiciales vigentes.
“Ignorar la ley no es una decisión política, es un desacato con consecuencias legales, administrativas e incluso penales para quien lo ordene o lo ejecute”, afirmó Carmela Rivero, presidenta de la Institución de Asistencia Privada.
Recordó que hay un mandato de un Juzgado Federal que prohíbe expresamente el reingreso de los perros y gatos al sitio, así como una sentencia firme que reconoce la propiedad del inmueble de Cuajimalpa a favor de la Fundación.
En ese contexto, Rivero reiteró que la actuación de la organización se ha mantenido siempre dentro del marco legal, pese a la campaña de desinformación en su contra.
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“Nuestra postura ha sido clara y no ha cambiado: respeto absoluto e irrestricto a la ley. Nuestro silencio no ha sido debilidad ni aceptación de falsedades; ha sido prudencia jurídica”, sostuvo, al enfatizar que la prioridad ha sido proteger a animales que durante años fueron víctimas de maltrato.
Descarta manejo irregular del patrimonio
Carmela Rivero también rechazó las versiones sobre un supuesto manejo irregular del patrimonio de la Fundación. “Es categóricamente falso que se haya dilapidado el patrimonio de nuestro Fundador. En más de cuarenta años, únicamente se ha enajenado un predio, el de Cuajimalpa desde 2019, con autorización de todas las autoridades competentes”, explicó.
Añadió que existen auditorías externas y supervisión institucional permanente que garantizan la legalidad y transparencia de cada decisión adoptada.
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Respecto al Refugio Franciscano, Rivero recordó que la Fundación nunca negó apoyo. “Desde 2019 fueron notificados del término del comodato y se les ofrecieron alternativas reales como reubicación y apoyos económicos, pero todo fue rechazado”, señaló.
Indicó además que autoridades documentaron condiciones graves de maltrato animal, por lo que calificó como inaceptable cualquier intento de regresar a los animales a ese entorno. “Ellos buscan el encierro; nosotros trabajamos para garantizarles un hogar digno y definitivo”.
Finalmente, Rivero hizo un llamado directo al Gobierno de la Ciudad de México a actuar con firmeza. “La ley no se negocia. No se puede premiar la ilegalidad ni ceder ante presiones o bloqueos”, declaró.
Reiteró que la Fundación mantendrá su compromiso con la legalidad, la verdad y el bienestar animal: “Estos perros y gatos merecen una segunda oportunidad de vida, no volver al abandono ni al encierro”.
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