A cinco años del rapto del pequeño Dylan, en Chiapas, familias que fueron acusadas sin pruebas, aún esperan una disculpa
La organización Cereza, que ha dado acompañamiento psicológico y jurídico a las familias, logró que se emitieron la recomendación
San Cristóbal de las Casas, Chis; 12 de septiembre.- Adolfo Gómez, indígena tzotzil detenido injustamente por el secuestro del niño Dylan Esaú Gómez Pérez, en julio del 2020, fue asesinado en el Centro Estatal de Reinserción Social 5 de esta ciudad, por no pagar la cuota como reo de nuevo ingreso, hecho por el que están detenidos el exdirector y dos custodios. Hoy su familia pidió justicia y cumplimiento de la recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CNDH), 5/2005.
El secuestro de Dylan, en uno de los mercados de esta ciudad, provocó la desintegración de las familias de las hijas de Adolfo Gómez, a las que les quitaron 23 de sus hijos, para quedar en custodia del DIF, al acusarlas de estar involucradas en el rapto del niño y ser partícipes de una red de explotación laboral de menores de edad.
Una de las hijas de Adolfo, Enereida Gómez Sánchez, aseguró que su padre fue asesinado en el penal de esta ciudad. "De hecho sí lo mataron en la prisión; como muchos (ciudadanos) nos quiso engañar la Fiscalía, que él se suicidó; pero eso no es cierto, la tortura, los golpes que él llevó, porque yo lo vi, porque recibí el cuerpo de mi padre el 27 de julio (del 2020)”, dijo.
Cuando la familia recibió el cuerpo, pudieron constatar que Adolfo, entonces de 57 años de edad, había sido asesinado en la celda. “En todo el cuello (había) una marca fuerte morada; la costilla fue golpeada, la ceja, (y) la cabeza (quedó) como una sandía cuando se parte".
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"Nunca nos convenció lo que decía la Fiscalía que él se quitó la vida. Fue matado”, ha dicho Enereida, una de las hijas de Adolfo, un indígena tzotzil de la comunidad Chigton, municipio de Iztapa, a 52 kilómetros de Tuxtla, capital de Chiapas, de donde emigraron a San Cristóbal de las Casas, para dedicarse la venta de ámbar, artesanías de tela y otros productos.
El 15 de julio del 2020, agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía de Chiapas detuvieron a Adolfo y a su esposa, en el centro histórico de la ciudad, donde trabajaban en la venta de artesanías. A las pocas horas, fue acusado de participar en el secuestro de Dylan, de dos años de edad, que ocurrió en el 30 de junio de ese año, en el Mercado Popular del Sur.
Otro grupo de agentes había realizado cateos en el domicilio donde vivían las tres hijas de Adolfo y sus nietos, 23 niños y adolescentes. A los niños fueron trasladados al DIF, para justificar que eran explotados laboralmente por sus padres y abuelos.
Ese 15 de julio Enereida recibió una llamada de una de sus hermanas. “Me habló mi hermana para decirme que los policías estaban en la casa (del barrio) de Tlaxcala con metralletas queriendo entrar a la fuerza”. Minutos después, los niños eran asegurados y sus madres detenidas.
Fue el 21 de julio, cuando la Fiscalía difundió que había “rescatado” a 23 niños y adolescentes que eran víctimas de explotación laboral de sus padres y abuelos. Fueron detenidas Maribel o María “N”, María Hortensia “N” y Juana “N”, madres de los niños. Las tres eran madres cada una de 7 niños.
Vecinos y organizaciones que trabajan con niños y adolescentes salieron en defensa de las familias, pero nadie las escuchó.
A las hijas de Adolfo las criminalizaron durante la investigación por el rapto del niño. “Nos llamaron secuestradores, ladrones de niños, tratantes. Pero nada de eso es verdad”. Hoy pide que la Fiscalía de Chiapas y la Secretaría de Seguridad Pública haga una disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos y el daño irreparable que les ocasionaron.
A cinco años de los hechos, las familias sufren rechazo y discriminación. “Cuando intenté inscribir a mi hija al kínder, el director me dijo que los padres de familia me señalaron como una secuestradora y que los niños peligraban. Eso no es cierto”, contó María Hortensia.
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A Anibal Gómez Sánchez, otro integrante de las familias que fueron criminalizadas por el robo del niño, explica que cuando salía a la calle le gritaban: “Robaniños”. “Hasta hoy nos siguen señalando; aunque algunos vecinos nos apoyan, quedamos marcados para siempre y endeudados”.
A pesar de la detención de Adolfo y tres de sus hijas, el Ministerio Público no encontraba rastros del niño raptado. Fue en un cuarto cercano al mercado, donde durmió la presunta secuestradora, que encontró las primeras pistas y todo apuntaba que el menor había sido llevado a una comunidad cercana a la reserva ecológica de Los Chimalapas, en la frontera con Oaxaca.
Antes de la detención de sus hijas, Adolfo se comunicó desde el penal con una de ellas, para decirle que le estaba exigiendo 100 mil pesos, para que no le ocurriera nada a él y su cónyuge. Desde el penal también se realizaron llamadas a las hijas del detenido para que entregaran el dinero. Las grabaciones están integradas en la carpeta de investigación (CI) 353/2020, de la Fiscalía.
Cuando dijeron que no tenían ese dinero, Adolfo lo asesinaron en su celda. “Le querían sacar la supuesta verdad de dónde estaba el niño Dylan, porque lo acusaban de haberlo robado”, ha dicho Patricia Aracil Santos, de la Colectiva Cereza, que ha brindado acompañamiento a las familias.
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Por el homicidio de Adolfo están procesados el exdirector del penal y los custodios Juan "N" y Fredy "N", imputados por el delito de ejercicio ilegal del servicio público y del adecuado desarrollo de la función pública, pero no por tortura, extorsión y homicidio. Por el homicidio de Adolfo se abrió la carpeta de investigación 262/2020.
La organización Cereza, que ha dado acompañamiento psicológico y jurídico a las familias, logró que se emitieron la recomendación 5/2025.
La abogada de la colectiva Cereza, Ángeles Montejo dice que la recomendación documenta violaciones a las garantías individuales de las familias. “Esta recomendación responsabiliza a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad del Pueblo por la tortura y muerte de Adolfo dentro del penal. También recoge numerosas pruebas de las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos”.
El expediente cuenta con testimonios, peritajes y solicitudes que prueban que Adolfo fue víctima de abuso institucional. “Todo eso complementa y refuerza la exigencia de verdad y reparación para su familia”.
Después de un mes y medio del secuestro, fue localizado el niño Dylan y detenida Margarita "N", en el municipio de Cintalapa.
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