LA PAZ, BCS.— Transportistas de Baja California Sur irrumpieron este martes en la sesión ordinaria del Congreso local para exigir respaldo de los diputados frente a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejó sin efecto disposiciones del Reglamento de la Ley de Transporte estatal aplicables al autotransporte turístico federal.
La protesta obligó a decretar un receso en la sesión legislativa para que una comisión de representantes del gremio fuera recibida por diputadas y diputados, quienes acordaron gestionar una mesa de trabajo con autoridades estatales para revisar los alcances del fallo.
El conflicto surgió luego de que la Suprema Corte invalidó diversos artículos del reglamento estatal que exigían a empresas de transporte turístico con permisos federales obtener autorizaciones adicionales del gobierno de Baja California Sur para operar en la entidad.

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En su resolución, el máximo tribunal determinó que esa regulación corresponde exclusivamente a la Federación, por lo que los estados no pueden imponer requisitos adicionales a quienes ya cuentan con permisos federales para prestar el servicio.
Desde hace varios meses, permisionarios federales exigían al gobierno estatal frenar los requerimientos adicionales que les impedían trabajar, situación que había escalado incluso a confrontaciones en las puertas de hoteles de Los Cabos, donde taxistas locales obligaban a turistas a tomar los recorridos con ellos y no con transportadoras turísticas federales.
Así, la decisión de la Corte conocida apenas el fin de semana pasado, modificó uno de los principales puntos de disputa entre transportistas locales y empresas de transporte turístico federal, en destinos como Los Cabos, donde el conflicto entre taxistas locales y permisionarios federales por el traslado de visitantes ha persistido por al menos 20 años.
Durante la manifestación de esta mañana en el Congreso de BCS los transportistas locales expresaron que la resolución los coloca en desventaja –dijeron– frente a los permisionarios federales y pidieron a los legisladores intervenir para buscar mecanismos legales que permitan proteger la actividad del transporte concesionado en el estado.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso local, Omar Torres Orozco, sostuvo que el resolutivo tendrá efectos sobre la operación del transporte turístico en Baja California Sur y anunció que buscarán alternativas jurídicas e institucionales para atender la preocupación del sector.
En meses atrás el conflicto entre transportistas locales y empresas con permisos federales escaló a protestas, bloqueos carreteros y operativos de inspección, principalmente en el municipio de Los Cabos, donde el traslado de turistas es uno de los mercados de mayor competencia.
Con la resolución de la SCJN, el Gobierno de Baja California Sur deberá adecuar el Reglamento de la Ley de Transporte para ajustarlo al criterio constitucional que reserva a la Federación la regulación del autotransporte turístico federal.
Este mediodía continúan decenas de transportistas bloqueando las principales avenidas alrededor de la sede del Congreso de BCS y del Palacio de Gobierno. Los taxistas exigen un diálogo con el gobernador, Víctor Castro Cosío.
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