Hermosillo, Sonora.- La polémica por la participación de la jueza Blanca Diva Ponce Caro en actividades partidistas derivó en su salidatanto del Poder Judicial de Sonora como de la estructura territorial de Morena en Ciudad Obregón.

Ponce Caro había resultado electa como jueza oral penal en la elección judicial de 2025 y posteriormente fue nombrada secretaria de la sección 899 de Morena en Cajeme, situación que generó cuestionamientos públicos por una posible incompatibilidad constitucional entre ambas funciones.

Ante los señalamientos, Morena Sonora informó que la funcionaria fue relevada de su cargo partidista al reconocer que mantenía una responsabilidad administrativa que le impedía desempeñar actividades dentro de partidos políticos.

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En un comunicado oficial, el partido argumentó que, aunque los comités seccionales son espacios de organización territorial sin remuneración, la decisión se tomó en apego a sus principios y normativa interna.

La controversia escaló debido a que la Constitución Política del Estado de Sonora establece restricciones para que jueces en funciones ocupen otros cargos, empleos o comisiones, con el objetivo de preservar la independencia judicial.

Además de retirarla de la estructura partidista, Morena Sonora anunció que iniciará el proceso para dar de baja a Ponce Caro del padrón de militantes ante la autoridad electoral correspondiente.

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El espacio vacante en la sección 899 será ocupado por Georgina López Zepeda, quien obtuvo el tercer lugar en el proceso interno de elección.

Horas después del posicionamiento partidista, Blanca Diva Ponce Caro presentó su renuncia definitiva e irrevocable como jueza oral penal del Poder Judicial del Estado de Sonora, con efectos a partir del 24 de mayo de 2026.

En el documento dirigido al Órgano de Administración del Poder Judicial estatal, la ahora exjueza afirmó que tomó la decisión para privilegiar “el respeto a la legalidad, a la imparcialidad institucional y a la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

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Asimismo, sostuvo que su salida busca evitar interpretaciones y señalamientos derivados de su reciente participación en actividades partidistas.

“Esta decisión tiene como propósito evitar interpretaciones o señalamientos derivados de mi participación reciente en actividades partidistas y actuar con plena responsabilidad pública”, expresó.

El caso abrió un debate político y jurídico en Sonora sobre los límites entre la función jurisdiccional y la participación partidista, particularmente tras la reciente implementación de elecciones judiciales en el país.

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