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Oaxaca.— Este es el estado con el mayor número de casos de violencia política en razón de género. Las autoridades electorales sostienen que este indicador es lógico porque también tiene el mayor número de mujeres que ejercen un cargo público, lo cual es resultado del número de municipios que conforman el territorio.
Actualmente, bajo el régimen de partidos políticos, en el estado hay 39 ediles, 113 síndicas y 455 regidoras; mientras que en el de sistemas normativos internos (SIN), bajo el cual se conducen los municipios indígenas, hay 36 presidentas municipales, 68 síndicas y mil 302 regidoras.
Tipos de violencia
Los principales riesgos de violencia que enfrentan las mujeres que ocupan un cargo público en los municipios de Oaxaca son acoso sexual, agresiones verbales y con connotación sexual, agresiones físicas, amenazas, difamación en redes sociales, segregación, hostigamiento y acoso laboral.
El aumento de la participación y representación política de las mujeres ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra. Por ejemplo, retrasan el ejercicio pleno de su derecho a la participación política y la posibilidad de incidencia en los espacios de toma de decisiones.
Estos ataques —de acuerdo con las autoridades electorales— hacia las mujeres tienen como trasfondo la descalificación y desconfianza sistemática respecto a sus capacidades de hacer un buen trabajo y ganar una elección.
De manera más precisa, se encuentran violencias como discriminación, amenazas, no le toman protesta, obstrucción del cargo, no pagan sus dietas o las retienen, no asignan recursos materiales, humanos y financieros, no son convocadas a sesiones de cabildo, destitución del cargo o exigencias para que renuncie, violencia digital y mediática, y obstrucción para contender a un puesto.
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Así como violencia laboral, física y sexual, además no contestan sus solicitudes de información, no permiten su participación en las sesiones o las humillan, no les asignan oficina, sufren discriminación por embarazo, despido injustificado, detonaciones de arma de fuego afuera de su casa, amenazas, reducción salarial, homicidios, tentativa de secuestro, violación y privación de la libertad por ejercer su cargo, entre otras, según un informe del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).
Datos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) indican que, de 2023 a la fecha, al menos 87 mujeres sufrieron violencia política en razón de género; y de 2023 a febrero de 2026, nueve mujeres de cinco municipios no terminaron de ejercer sus cargos porque se les inició el procedimiento de terminación anticipada de mandato; es decir, fueron destituidas.
Algunos casos
A principios de febrero de 2026 Zoila Lenin García Jiménez cumplió su primer mes como presidenta municipal de San Mateo Piñas, y fue retenida en su propia oficina por un grupo de ocho personas con armas de fuego. La culpaban de la muerte de un hombre, quien era parte de su equipo, asesinado tras una riña el 31 de diciembre de 2025. El hecho no pasó a más.
Ocho meses antes, la entonces presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, fue asesinada por un grupo armado en el Palacio Municipal. En el atentado, ocurrido el 15 de junio de 2025, también murió el agente de la comunidad Agua Caliente, Elí Gregorio Ruiz Gabriel; crimen político que continúa impune.
Para Lenin García, la violencia política se manifestó en un primer momento cuando se intentó impedir su participación en la elección para renovar a las autoridades municipales bajo el régimen de sistemas normativos internos, y ya en el cargo, ante el rechazo de algunos sectores de la comunidad que no aceptan que una mujer sea presidenta municipal o que sea la encargada de dirigir el municipio.
“Yo creo que se sienten amenazados los caballeros, se sienten amenazados de ¿por qué una mujer los puede guiar? Guiar (...) no mandar. Aquí guiamos, o sea, no mandamos”, expresa.
El pasado martes 24 de febrero, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, presidenta municipal de San Agustín Amatengo, fue agredida, sustraída por la fuerza del Congreso del estado y privada de su libertad en una camioneta habilitada como ambulancia, por parte de un grupo de hombres y mujeres de la comunidad. Los presentes en el recinto legislativo sólo observaron, nadie impidió la violencia que se ejercía contra ella.
Italivy Juárez fue electa para el periodo 2025-2027 por el PT, y aún no cumplía un año de estar en el cargo cuando ya estaba acusada de desviar más de 7 millones de pesos, de no convocar a sesiones de Cabildo y de falta de transparencia; sin embargo, el Palacio Municipal lleva meses tomado y no se le ha permitido ejercer plenamente su cargo.
El día que fue agredida y privada de su libertad, el Congreso del estado rechazó votar un dictamen en el que se aprobaba revocar su mandato; por mayoría, los legisladores determinaron que el dictamen volviera a comisiones para realizar un análisis más profundo.
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Inés Martínez Reyes, la primera presidenta municipal de Zapotitlán Palmas, electa en 2022 bajo sistemas normativos internos para el periodo 2023-2025, sufrió a finales de su primer año de ejercicio, en diciembre de 2023, acusaciones frente a la asamblea de la comunidad de supuesto desvío de recursos públicos.
En el caso de Zapotitlán Palmas, no sólo la edil vivió violencia política en razón de género, en total fueron seis mujeres, tres concejales propietarios y suplentes.
Según el IEEPCO, a 28 mujeres de siete municipios, la mayoría electas por el SIN, les interrumpieron sus funciones debido a que se les inició procedimiento de terminación anticipada de mandato, que al final no fue válido.
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En otros municipios como San Juan Mazatlán, San Cristóbal Amatlán, San Pedro Sochiápam, Zapotitlán Palmas, San Mateo Piñas, Tamazulápam del Progreso, La Reforma, Asunción Ocotlán, San Antonio Nanahuatípan, San Martín Itunyoso, 63 mujeres no terminaron con sus funciones porque el Congreso local determinó la desaparición de poderes o suspensión de ayuntamientos entre 2023 y febrero de 2026.
“El patrón de conducta está encaminado a impedir que las mujeres ejerzan un cargo público”, asegura Gerardo Martínez, abogado y experto en derechos humanos en pueblos indígenas.
Medios de impugnación
La presidenta del TEEO, Sandra Pérez Cruz, detalla que entre 2023 y 2025 se presentaron ante el tribunal un total de 252 medios de impugnación relacionados con violencia política en razón de género: 83 en 2023; 89 en 2024, y 80 en 2025. Sin embargo, aclara que no en todos los medios de impugnación se acreditó la violencia política. De los casos registrados en 2023, sólo en 17 se confirmó que hubo violencia política en razón de género; en 2024, 19 casos, y en 2025, 10 de los casos.
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La magistrada explica que deben converger una serie de elementos para determinar este tipo de violencia.
Por ejemplo —advierte— la obstrucción del cargo que sufre una mujer puede deberse a un conflicto entre grupos políticos contrarios, y no necesariamente por una cuestión de género, es decir, que haya un impacto diferenciado.
Lista de sancionados
En Oaxaca, al menos 188 personas permanecen en el registro de personas sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) de 2020 a 2025, según un informe del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
De esta lista, más de 140 comprende a hombres, quienes ejercieron algún tipo de violencia de género mientras se mantenían en un cargo público. Las sanciones van desde disculpas públicas hasta multas de entre 2 mil pesos hasta 54 mil pesos, además del registro de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
En México se incluyen penas de uno a seis años de prisión, reparaciones de daños, multas de 50 a 300 días y la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS).
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en la vía penal tres personas ya han sido vinculadas a proceso por este tipo de violencia.
La mayoría de las denuncias provienen de la región de Valles Centrales, seguida de la Mixteca, el Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur y Costa. De las denuncias, 48% son por violencia sicológica; 31%, por violencia simbólica; 9%, por sicológica y financiera; 6%, por sicológica y física, y 6% son por violencia económica.
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