Hermosillo Sonora.- Este martes 13 de enero se reanudaron las audiencias judiciales por el incendio ocurrido en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo tragedia registrada el pasado 1 de noviembre que dejó un saldo de 24 personas fallecidas, un aborto, 15 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.
La jornada judicial inició a partir de las 09:30 horas en el Juzgado Oral Penal del Distrito donde lleva más de 12 horas con varios recesos; según representantes legales de víctimas la audiencia continuará por varias horas.
El fiscal presentó ante el juez y representantes legales de la empresa la imputación de cargos en contra de Waldo’s de México por su probable responsabilidad penal principalmente por el delito de homicidio culposo lo que permitió la continuación del proceso penal.

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Las audiencias buscan definir la posible vinculación a proceso de empresarios, funcionarios públicos, personal de Protección Civil y empleados de la cadena comercial señalados por presuntas omisiones negligencias y un esquema sistemático de irregularidades que habrían derivado en la tragedia.
Durante la imputación del Ministerio Público se detallaron diversas conductas que podrían constituir responsabilidades penales.
Entre ellas la omisión de mantenimiento correctivo al transformador eléctrico desde marzo de 2022 pese a advertencias técnicas formales sobre temperaturas críticas, el uso de aceite mineral en lugar de aceite vegetal, la instalación indebida del transformador dentro del inmueble sin muros de protección contra fuego.
Por si fuera poco, la operación del establecimiento sin programa interno de Protección Civil, sin licencia de funcionamiento ni uso de suelo.
Además de rutas de evacuación obstruidas, ausencia de salidas de emergencia funcionales y carencia de sistemas de aspersión y extintores adecuados.
También se señaló la presunta exhibición de dictámenes apócrifos planos arquitectónicos falsos y documentos correspondientes a otros inmuebles con los que presuntamente se engañó a la autoridad municipal.
También hubo una declaración falsa del aforo del establecimiento al reportar una capacidad de 40 personas cuando la real superaba las 250 con lo que se habría minimizado deliberadamente el riesgo.
De acuerdo con la Fiscalía estas conductas permitieron que durante más de tres años se mantuviera un riesgo eléctrico latente que culminó en la explosión del transformador, el arco eléctrico y el incendio de rápida propagación ocurrido el 1 de noviembre del 2025.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que la empresa incurrió en una inobservancia del debido control de su
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