FGR abre carpetas de investigación contra 20 comuneros de San Francisco Coatlán, Oaxaca; los acusa de oponerse a ejecución de obra pública
El 23 de marzo del 2025 se registró un enfrentamiento entre habitantes de San Francisco Coatlán y San Sebastián Coatlán, en el que murieron cinco personas y 11 más resultaron heridas
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpetas de investigación contra 20 comuneros e integrantes el Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad indígena de San Francisco Coatlán, por el delito de oposición a la ejecución de una obra pública, en específico, la súper carretera Barranca Larga - Ventanilla que conecta a la ciudad de Oaxaca con el destino turístico de Puerto Escondido.
Estas investigaciones se iniciaron a partir de una denuncia presentada por Caminos y Puentes Federales (Capufe), a través de su representante legal.
Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), precisó que los habitantes denunciados son:
- Cirilo Ruiz
- Abel Osorio Martínez
- Demetrio Bautista Alberto, Ruiz
- Hermilo Jiménez Osorio
- Guillermo Jiménez Bautista
- Manuel Canseco Hernández
- Guillermina Juárez Bautista
- Felipe Jiménez V.
- Ubaldo Canseco J.
- Priscila Jiménez Martínez
- Jazmín Jiménez Bautista
- Marciano Bautista Juárez
- Eusebio Jiménez Jiménez
- Felicita Canseco Jiménez
- Fernando Jiménez Venegas
- Bellarmino Bautista
- Victorino Ruiz Ruiz
- Hilaria Jiménez Osorio
- Imelda Jiménez Canseco
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La acusación contra los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Coatlán se desprende de los hechos ocurridos el año pasado.
El 23 de marzo del 2025, en el paraje El Limar se enfrentaron habitantes de San Francisco Coatlán y San Sebastián Coatlán, en el que murieron cinco personas y 11 más resultaron heridas.
Según Maurilio Santiago, este enfrentamiento fue ocasionado por la falta de comunicación y cumplimiento de acuerdos de la empresa COCONAL, empresa que tiene concesionada la súper carretera Barranca Larga - Ventanilla, que se comprometió con los habitantes de San Francisco Coatlán, de permitir recolectar la madera talada por la empresa por los trabajos en la carretera en el paraje “El Limar”.
Sin embargo, aseguró, tanto la empresa COCONAL el gobierno del estado y el gobierno federal no informaron a las autoridades de San Sebastián Coatlán sobre este compromiso y “fue así que se dio este enfrentamiento entre comunidades”.
El presidente del Cedhapi recordó que en el año 2008 se inició la construcción de la carretera Barranca Larga ventanilla, y fue retomada en el año 2020 para concluir en el 2024.
Para su construcción, los gobiernos federal y estatal y la empresa COCONAL efectuaron promesas y compromisos con las comunidades que integran la región de los Coatlanes, entre ellas San Francisco Coatlán.
A la fecha, no obstante, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca y la empresa, no han cumplido con diversos compromisos establecidos con los habitantes de San Francisco Coatlán.
“Y para someter a la comunidad y a sus habitantes han iniciado una carpeta de investigación contra 20 comuneros entre ellos representantes del comisariado de bienes comunales de San Francisco Coatlán, personas que defienden su territorio y sus derechos como comunidad indígena y que acatan los acuerdos de su asamblea comunitaria”, aseguró Maurilio Santiago.
De acuerdo con presidente del Cedhapi, la criminalización de defensoras y defensores del territorio en Oaxaca es un problema grave y persistente, caracterizado, por el uso del sistema penal para hostigar, detener y desmovilizar a personas y comunidades que defienden sus tierras, recursos naturales y autonomía frente a megaproyectos y actividades extractivas.
“Se destaca el uso de la fuerza pública en acciones de represión por parte de elementos de seguridad guardia nacional, policía estatal, durante protestas pacíficas, es frecuente el hostigamiento, amenazas y estigmatización contra representantes agrarios y comunales que respetan y hacen valer los acuerdos de sus asambleas”, dijo.
Mediante un comunicado, Maurilio Santiago exigió la no criminalización de los comuneros e integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y la cancelación inmediata de las carpetas de investigación, así como respeto del gobierno mexicano a los acuerdos de Escazú.
dmrr/cr
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