Detienen a extesorero de Gómez Palacio, Durango; lo acusan de presuntos pagos ilegales de casi 18 mdp

El extesorero de Gómez Palacio, Durango, Antonio “N”, fue detenido por el presunto pago ilegal de casi 18 millones de pesos a distintos servidores públicos por el concepto de indemnización por despido.

Fue la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango (FECCED) la que informó que agentes de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General de Coahuila, en colaboración con la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción de Durango y del Mando Especial de La Laguna, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Antonio “N”, quien se desempeñó como Tesorero Municipal de Gómez Palacio, en la administración 2019-2022.

Al extesorero se le acusa de su probable responsabilidad en hechos que la ley considera constitutivos del delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, previsto en el artículo 334, fracción III, y sancionado en el penúltimo párrafo del mismo artículo del Código Penal del Estado de Durango, cometidos en agravio del municipio en mención.

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La detención se llevó a cabo en el municipio de Torreón, Coahuila, mediante un operativo coordinado como parte de los mecanismos de colaboración interinstitucional para el cumplimiento de mandamientos judiciales.

El trabajo entre las distintas corporaciones permitió la localización y aseguramiento del imputado, garantizando el debido cumplimiento de la orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial competente.

De acuerdo con la investigación realizada por la fiscalía Anticorrupción, el señalado tenía bajo su cargo la administración, manejo y disposición de fondos públicos del municipio de Gómez Palacio, cuando libró 291 cheques emitidos a favor de distintos servidores públicos por diversas cantidades de dinero que, en conjunto, suman 17 millones 953 mil 386 pesos, todos ellos por concepto de pago por indemnización de despido.

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Según los datos de prueba recabados, dichos pagos resultan ilegales en atención a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 39, 61 y 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, ordenamientos que establecen que el pago de indemnización constitucional únicamente procede en casos de despido injustificado y mediante la celebración del convenio correspondiente por escrito.

La fiscalía presume que esta conducta habría ocasionado una afectación económica al patrimonio público municipal.

Una vez ejecutada la orden de aprehensión, Antonio “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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