Denuncian aprobación de ley mordaza en Iguala
Cabildo modifica reglamento interno; regidores y funcionarios no podrán informar a la prensa sobre finanzas u obras del Ayuntamiento
Chilpancingo.— El alcalde de Iguala, Guerrero, Érick Catalán Rendón (PVEM), junto con la mayoría de los regidores y los dos síndicos, aprobó la modificación del reglamento interno del Ayuntamiento, con la cual se prohíbe que ediles y funcionarios informen a los medios de comunicación temas relacionados con la situación financiera, así como con las obras, servicios y acuerdos.
La tarde del pasado jueves el Cabildo de Iguala sesionó, y como uno de los puntos se integró la modificación del reglamento donde se agregan prohibiciones para los regidores y funcionarios.
La regidora del PAN, María del Rosario Bustillos Muñoz, denunció que en la sesión se aprobó “prácticamente” una ley mordaza. Afirmó que quien no obedezca las nuevas modificaciones podría ser sancionado de manera administrativa y hasta penal.
“Con esta modificación nadie de nosotros podrá decirle a la gente o a la prensa cómo van las obras públicas o la situación de las finanzas públicas”, afirmó la regidora.
Explicó que la modificación del reglamento interno que fue votado por el alcalde, la síndica, un síndico y un grupo de regidores del PVEM y Morena forma parte de una venganza porque han denunciado las irregularidades financieras en el Ayuntamiento de Iguala.
“Yo di a conocer que el alcalde tiene un salario mensual de 127 mil pesos brutos, y eso le molestó”, afirmó la regidora, quien al término de la sesión salió con un cubrebocas en el que se lee: Ley mordaza.
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“Los ediles están obligados a mantener bajo estricta reserva toda aquella información que, por su naturaleza, sea clasificada como confidencial o sensible, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa”, dice el nuevo reglamento municipal de Iguala.
La modificación agrega que los ediles deben abstenerse de grabar, difundir o publicar el contenido de las sesiones del Cabildo en los medios de comunicación y en las redes sociales.
En enero, el alcalde intentó modificar el Bando de Policía y Gobierno para poder establecer sanciones contra pobladores o reporteros que a través de medios de comunicación o plataformas digitales critiquen su gobierno.
En esa ocasión, reporteros de Iguala alertaron que Érick Catalán pretendía realizar modificaciones para sancionar con una amonestación pública, trabajo comunitario, multa o con arresto administrativo a personas o periodistas que “profiera y exprese injurias”, “difame o amenace” o cause afectaciones a la “dignidad y honorabilidad” del presidente municipal, de los regidores y de los funcionarios del Ayuntamiento.
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Catalán Rendón llegó a la alcaldía de Iguala postulado por la alianza entre Morena, PT y el PVEM. Desde que inició ha mostrado una actitud hostil contra los reporteros que lo critican.
Desde 2014, cuando policías, militares y presuntos criminales atacaron, asesinaron y desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa, Iguala se convirtió en una zona de silencio. Desde hace más de una década, por lo menos unos 10 reporteros se han desplazado por amenazas y por falta de garantías para ejercer el periodismo.
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